Por el contrario, se trabaja en dos líneas estratégicas: capacitación al personal y mejorar la calidad jurídica de sus resoluciones
Lunes 13 Febrero 2017
No se cerrará ninguna sala de atención al público en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua, aclaró la titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Ana Luisa Herrera Laso.
“Efectivamente, al inicio de esta administración no se encontraron funcionando ninguna de las llamadas ‘Salas de Juicio Oral’, porque los implementos requeridos para su operación (equipo de video grabación y sonido) fueron retirados por el proveedor al no haber recibido el pago”, informó la funcionaria, “pero esto no significa que se hayan cerrado los espacios de atención, ya que continúan operando como mesas tradicionales.”
Herrera Laso señaló que la inversión en la adaptación de dichas salas, cuyo costo osciló ente 600 mil y un millón 200 mil pesos por cada una de ellas, no se vio reflejada en una mejora de los procesos.
“Conforme a los datos que se concentran en el Sistema de Administración de Juicios Laborales, los procedimientos llevados en la sala oral no mejoraron los tiempos de resolución de los juicios. Por lo que hace a las conciliaciones, el número se mantuvo muy similar a los años anteriores a su implementación, de hecho en una reciente reunión con más de 50 litigantes habituales del área y alrededor de 30 en Ciudad Juárez, ellos mismos consideraron que no era conveniente regresar al sistema de videograbaciones, pues retarda las actividades diarias y no suma al desarrollo del proceso”, explicó.
Dijo que lo que se está haciendo es poner énfasis en la capacitación del personal para mejorar los resultados.
La reforma laboral de 2012 introdujo la figura de los ‘funcionarios conciliadores', quienes tienen a su cargo tratar de avenir a las partes y evitar el trámite de los juicios; sin embargo, esto no mejoró el número total de convenios.
“Por el contrario, la función conciliadora se concentró en estos funcionarios, limitando la capacidad de actuación”, expresó.
Indicó que por ello se inició una capacitación a todo el personal jurídico de la junta local sobre herramientas para la conciliación efectiva, impartido por personal del Instituto de Justicia Alternativa y auspiciado por el Instituto de Formación y Actualización Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que permitirá multiplicar y hacer más eficiente la labor conciliadora.”
La funcionaria estatal confirmó el cierre de una de las Juntas especiales en la ciudad de Chihuahua, pero negó que esto repercuta en la atención al público.
”No tiene ningún efecto práctico, desde marzo del año pasado una de las Juntas especiales de la ciudad se encuentra sin titular, ahora distribuiremos el trabajo de la identificada como Junta Cinco entre las otras cuatro juntas, pero sin cerrar ninguna mesa de atención “, señaló.
Además se analizan y rediseñan los procesos internos para darle agilidad a los juicios.
“Pasamos de un sistema de supervisión excesiva, basado en la desconfianza, a un sistema de confianza en el personal, lo que nos ha permitido disminuir el tiempo entre la presentación de la demanda y su radicación, de 16 días hábiles que se llevaba el año pasado, a cuestión de minutos, lo que nos permite notificar al demandante en el acto y le da más tiempo a los actuarios para desempeñar mejor su labor”, agregó.
Otra experiencia que ya constituye un caso de éxito es la atención a las demandas de amparo.
Herrera Laso explicó cuando se emite un laudo (resolución) las partes tienen derecho a promover juicio de amparo para que el Tribunal Colegiado revise su constitucionalidad.
“La ley de amparo señala que la Junta cuenta con cinco días hábiles para turnar la demanda y el expediente original a dichos tribunales; sin embargo, al recibir la administración se encontró un rezago de más de 600 demandas sin remitir a los tribunales, y en promedio, el proceso de remisión tomaba seis meses”, indicó.
Informó que hoy se tienen menos de 100 demandas pendientes de remitir, contando las 200 recibidas de octubre a la fecha, y para finales de febrero se trabajará al día, remitiendo las que se presenten dentro del término de ley.
Consideró que la nueva forma de tramitar las demandas de amparo permitirá integrar al personal que actualmente está a cargo de esa área a la atención de audiencias.
Finalmente recordó que su obligación implica asignar recursos para la atención de los conflictos laborales en todo el estado, tarea para la cual se han redistribuido tareas.
“Por lo pronto en Juárez, la Junta que tiene el mayor número de expedientes en trámite en todo el estado, estaremos pronto abriendo cuatro escritorios más para el desahogo de audiencias, facilitando así el trámite y resolución de los juicios”, explicó la secretaria.
“Efectivamente, al inicio de esta administración no se encontraron funcionando ninguna de las llamadas ‘Salas de Juicio Oral’, porque los implementos requeridos para su operación (equipo de video grabación y sonido) fueron retirados por el proveedor al no haber recibido el pago”, informó la funcionaria, “pero esto no significa que se hayan cerrado los espacios de atención, ya que continúan operando como mesas tradicionales.”
Herrera Laso señaló que la inversión en la adaptación de dichas salas, cuyo costo osciló ente 600 mil y un millón 200 mil pesos por cada una de ellas, no se vio reflejada en una mejora de los procesos.
“Conforme a los datos que se concentran en el Sistema de Administración de Juicios Laborales, los procedimientos llevados en la sala oral no mejoraron los tiempos de resolución de los juicios. Por lo que hace a las conciliaciones, el número se mantuvo muy similar a los años anteriores a su implementación, de hecho en una reciente reunión con más de 50 litigantes habituales del área y alrededor de 30 en Ciudad Juárez, ellos mismos consideraron que no era conveniente regresar al sistema de videograbaciones, pues retarda las actividades diarias y no suma al desarrollo del proceso”, explicó.
Dijo que lo que se está haciendo es poner énfasis en la capacitación del personal para mejorar los resultados.
La reforma laboral de 2012 introdujo la figura de los ‘funcionarios conciliadores', quienes tienen a su cargo tratar de avenir a las partes y evitar el trámite de los juicios; sin embargo, esto no mejoró el número total de convenios.
“Por el contrario, la función conciliadora se concentró en estos funcionarios, limitando la capacidad de actuación”, expresó.
Indicó que por ello se inició una capacitación a todo el personal jurídico de la junta local sobre herramientas para la conciliación efectiva, impartido por personal del Instituto de Justicia Alternativa y auspiciado por el Instituto de Formación y Actualización Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que permitirá multiplicar y hacer más eficiente la labor conciliadora.”
La funcionaria estatal confirmó el cierre de una de las Juntas especiales en la ciudad de Chihuahua, pero negó que esto repercuta en la atención al público.
”No tiene ningún efecto práctico, desde marzo del año pasado una de las Juntas especiales de la ciudad se encuentra sin titular, ahora distribuiremos el trabajo de la identificada como Junta Cinco entre las otras cuatro juntas, pero sin cerrar ninguna mesa de atención “, señaló.
Además se analizan y rediseñan los procesos internos para darle agilidad a los juicios.
“Pasamos de un sistema de supervisión excesiva, basado en la desconfianza, a un sistema de confianza en el personal, lo que nos ha permitido disminuir el tiempo entre la presentación de la demanda y su radicación, de 16 días hábiles que se llevaba el año pasado, a cuestión de minutos, lo que nos permite notificar al demandante en el acto y le da más tiempo a los actuarios para desempeñar mejor su labor”, agregó.
Otra experiencia que ya constituye un caso de éxito es la atención a las demandas de amparo.
Herrera Laso explicó cuando se emite un laudo (resolución) las partes tienen derecho a promover juicio de amparo para que el Tribunal Colegiado revise su constitucionalidad.
“La ley de amparo señala que la Junta cuenta con cinco días hábiles para turnar la demanda y el expediente original a dichos tribunales; sin embargo, al recibir la administración se encontró un rezago de más de 600 demandas sin remitir a los tribunales, y en promedio, el proceso de remisión tomaba seis meses”, indicó.
Informó que hoy se tienen menos de 100 demandas pendientes de remitir, contando las 200 recibidas de octubre a la fecha, y para finales de febrero se trabajará al día, remitiendo las que se presenten dentro del término de ley.
Consideró que la nueva forma de tramitar las demandas de amparo permitirá integrar al personal que actualmente está a cargo de esa área a la atención de audiencias.
Finalmente recordó que su obligación implica asignar recursos para la atención de los conflictos laborales en todo el estado, tarea para la cual se han redistribuido tareas.
“Por lo pronto en Juárez, la Junta que tiene el mayor número de expedientes en trámite en todo el estado, estaremos pronto abriendo cuatro escritorios más para el desahogo de audiencias, facilitando así el trámite y resolución de los juicios”, explicó la secretaria.