Realizó su quinta Audiencia Pública en Guachochi
Martes 14 Marzo 2017
La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), realizó en esta localidad su quinta Audiencia Pública con las autoridades tradicionales (isélikami) y pobladores Rarámuri de esta región de la sierra Tarahumara, quienes hicieron denuncias por la tala ilegal del bosque y abusos en la contratación a jornaleros agrícolas indígenas.
Por primera vez en el proceso de diálogo con los pueblos originarios, las mujeres indígenas acusaron el mal trato que reciben por parte de personal médico en hospitales. En el área de obstetricia afirman que se brinda una mala atención a embarazadas (violencia obstétrica), relacionada con la imposición de métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino (DIU), sin su consentimiento.
En este asunto, el acuerdo logrado fue que las autoridades del sector sensibilicen al personal médico sobre el derecho a la salud de los pueblos originarios, incluida la consulta previa, libre e informada, de modo que las mujeres conozcan cuáles son las consecuencias al utilizar dispositivos de control natal.
En el diálogo con la COEPI, los ejidatarios indígenas de Rocheachi, Aboréachi y Sehuérachi denunciaron la tala ilegal e inmoderada del bosque por parte de Alfonso Caraveo Palma, Eber Bustillos y Juan Armendáriz, quienes derriban árboles sin marcar, aserran y venden madera sin reportar ganancias a los Rarámuris.
En los tres casos, piden que se hagan auditorías a los comisariados ejidales y se suspenda temporalmente el aprovechamiento forestal, pues “están tumbando mucho pino, se están acabando el bosque y ya no hay agua”, advirtió Etelvina Pompa González, ejidataria de Rocheachi.
A la reunión con la COEPI asistieron 18 Wa´lú Siriame (jefe máximo) y pobladores indígenas de 50 localidades, quienes al hablar sobre sus necesidades de empleo, denunciaron que hay empresas y “coyotes” que contratan jornaleros indígenas para ir a trabajar a los campos agrícolas, a quienes engañan, pues les cobran hospedaje y comidas, reduciendo al mínimo su salario como si se tratara de tiendas del siglo pasado.
En este tema, demandaron que se instale una oficina del Servicio Estatal de Empleo en Guachochi, para que verifique a las empresas y realice inspecciones en cada uno de los campos de cultivo para checar las condiciones de empleo y las condiciones de vida de los jornaleros indígenas.
“Las necesidades son muchas y para poder resolver el rezago social, necesitamos hacer mano-cadena entre los gobiernos del Estado, Municipal, así como con las secretarías del estado”, consideró María Teresa Guerrero Olivares, titular de la COEPI.
“Nosotros tenemos que ponerlos a ustedes en el centro de la atención. Trabajar y apoyar a los pueblos organizados con sus gobiernos tradicionales”, agregó.
Por primera vez en el proceso de diálogo con los pueblos originarios, las mujeres indígenas acusaron el mal trato que reciben por parte de personal médico en hospitales. En el área de obstetricia afirman que se brinda una mala atención a embarazadas (violencia obstétrica), relacionada con la imposición de métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino (DIU), sin su consentimiento.
En este asunto, el acuerdo logrado fue que las autoridades del sector sensibilicen al personal médico sobre el derecho a la salud de los pueblos originarios, incluida la consulta previa, libre e informada, de modo que las mujeres conozcan cuáles son las consecuencias al utilizar dispositivos de control natal.
En el diálogo con la COEPI, los ejidatarios indígenas de Rocheachi, Aboréachi y Sehuérachi denunciaron la tala ilegal e inmoderada del bosque por parte de Alfonso Caraveo Palma, Eber Bustillos y Juan Armendáriz, quienes derriban árboles sin marcar, aserran y venden madera sin reportar ganancias a los Rarámuris.
En los tres casos, piden que se hagan auditorías a los comisariados ejidales y se suspenda temporalmente el aprovechamiento forestal, pues “están tumbando mucho pino, se están acabando el bosque y ya no hay agua”, advirtió Etelvina Pompa González, ejidataria de Rocheachi.
A la reunión con la COEPI asistieron 18 Wa´lú Siriame (jefe máximo) y pobladores indígenas de 50 localidades, quienes al hablar sobre sus necesidades de empleo, denunciaron que hay empresas y “coyotes” que contratan jornaleros indígenas para ir a trabajar a los campos agrícolas, a quienes engañan, pues les cobran hospedaje y comidas, reduciendo al mínimo su salario como si se tratara de tiendas del siglo pasado.
En este tema, demandaron que se instale una oficina del Servicio Estatal de Empleo en Guachochi, para que verifique a las empresas y realice inspecciones en cada uno de los campos de cultivo para checar las condiciones de empleo y las condiciones de vida de los jornaleros indígenas.
“Las necesidades son muchas y para poder resolver el rezago social, necesitamos hacer mano-cadena entre los gobiernos del Estado, Municipal, así como con las secretarías del estado”, consideró María Teresa Guerrero Olivares, titular de la COEPI.
“Nosotros tenemos que ponerlos a ustedes en el centro de la atención. Trabajar y apoyar a los pueblos organizados con sus gobiernos tradicionales”, agregó.