Interponen denuncia contra ex funcionarios de JCAS por actos de corrupción

Presentan evidencia ante Fiscalía General, la secretaria de la Función Pública y el director jurídico de la Junta Central de Agua y Saneamiento
Lunes 16 Enero 2017
La secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos y el director jurídico de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Ismael Rodríguez, interpusieron ante la Fiscalía General del Estado, dos denuncias en contra de exfuncionarios de JCAS, por hechos de corrupción, registrados en los proyectos de una planta tratadora de aguas en Parral y de un acueducto en Camargo, que implican un monto superior a los 111 millones de pesos.
 
Las imputaciones, se formularon de acuerdo al compromiso e instrucción que hizo el gobernador Javier Corral desde el primer día de su gobierno, de investigar y sancionar los hechos de corrupción.
 
Los funcionarios demandantes, recordaron que en muchos de los hechos que se investigan, se realizó una adjudicación directa, no se licitaron las obras y cuando no se hace una licitación y no hay libre participación, no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento para el Gobierno del Estado.
 
La ruta normal de las obras es la detección de una necesidad para la sociedad, posteriormente se licita el proyecto, se adjudica, se construye y luego se paga. Y en los hechos que hoy se denuncian, fue totalmente al revés y fuera de la norma.
 
Stefany Olmos, dio a conocer que por primera vez, la dependencia a su cargo investiga la situación patrimonial de cerca de 80 exfuncionarios de la anterior administración estatal, toda vez que han sido señalados por probables irregularidades en cuando a su condición económica, tanto de ellos mismos como de sus familiares.
 
En su intervención, el director jurídico de la JCAS, Roberto Lara, informó que la primera denuncia se refiere a la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en Parral, por un monto de 100 millones de pesos, obra que la empresa “Tres Cares” debió entregar en plena operación al 100 por ciento de su capacidad y se realizó una simulación porque se inauguró el 23 de julio de 2015 y al día de hoy opera al 18 por ciento de su capacidad. “No está funcionando, no opera y fue pagada en su totalidad, mientras las aguas negras se tiran al río Parral”, afirmó Roberto Lara al señalar que además del impacto al patrimonio estatal, existe un daño ambiental.
 
Señaló que en estos hechos estarían involucrados directores y subdirectores técnicos, supervisores de obra y todos aquellos que una vez que inicie el proceso, sean llamados a declarar y aporten elementos de prueba.
 
La segunda denuncia es por la obra de un acueducto que se iba a construir para la planta petroquímica en Camargo, para la cual se construyó una línea de conducción que saldría de unas galerías filtrantes que se encuentran a orillas del Río Conchos, pertenecientes a Pemex, obra que atravesaría toda la mencionada ciudad y concluiría en la planta. “En ningún momento la petroquímica dio la autorización para la obra, se simuló la autorización por lo cual no llegó a las galerías filtrantes ni pudo entrar a la petroquímica”, asentó el director jurídico.
 
Precisó que el propio constructor relató que en marzo de 2013 fue citado por el presidente de la JCAS, quien le dijo que ejecutara esa obra a la brevedad; lo pasó con el director técnico, quien le menciona que después se vería el tema de la licitación y le da las especificaciones de la obra sin contrato, ni licitación.
 
Por lo anterior, el constructor arrancó la obra en marzo de 2013 y la concluyó en septiembre de ese mismo año, no le pagaron y en noviembre inicia el proceso de licitación. En enero se da el fallo y lo gana la empresa que ya había ejecutado la obra, que es Gameros y Luévano Construcciones S. A. de C. V, a quien no le pagaron el monto de 11 millones 800 mil pesos, por lo cual él mismo empresario demandó a la JCAS.
 
El funcionario especificó que los delitos, presumiblemente, que se pueden configurar en ambos casos son uso ilegal de atribuciones, previsto en el Artículo 261 del Código Penal del Estado de Chihuahua, tráfico de influencias previsto por los artículos 265 y 266 y peculado, en el Artículo 270.
 
Comentó que las instrucciones del actual presidente de JCAS, Ismael Rodríguez, son que no se tolere acto alguno de corrupción, ni pasado ni presente, tal y como lo anunció el gobernador desde el primer día de su administración.
 
Adelantó que estos hechos no son los únicos, por lo que ya se presentó otra denuncia respecto a la tesorería de la JMAS de Jiménez, por un monto superior a un millón de pesos.
 
En esta rueda de prensa se contó con la presencia de Sergio Gloria, quien se desempeña como contralor de la JCAS.