Jueves 26 Octubre 2017
Ante la posible existencia de falsos auditores, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), alertó a la población en general para que no se deje engañar, ya que han detectado que en otros estados de la república piden entre 20 mil a 40 mil pesos para integrarse a trabajar en un “inexistente Instituto de Seguro Popular”.
La CNPSS informó que se detectó la circulación de correos electrónicos donde se informa de un supuesto proyecto para la creación de un “Instituto de Seguro Popular” (ISP) y de un equipo de trabajo con la finalidad llevar a cabo una auditoría de los recursos públicos federales asignados al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y de “establecimientos médicos” en las entidades federativas como parte del proceso de la “Universalización de los Servicios de Salud”.
Al respecto, indicó que: corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la facultad de llevar a cabo la fiscalización de los recursos federales que se destinen y se ejerzan en la Administración Pública Federal y los designados a las entidades federativas (Artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Asimismo, los artículos 1, fracción IV, y 4, fracción II, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, señalan que será la ASF el órgano que fiscaliza las operaciones que involucran recursos públicos federales o participaciones federales a través de “contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones”.
Aunado a ello, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 37, fracciones I y VIII, señala que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, entre otros asuntos, la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo.
Por lo anterior, la CNPSS exhortó a no dejarse engañar por los presuntos auditores mediante la oferta de puestos de trabajo para integrar el inexistente proyecto denominado “Instituto de Seguro Popular”, mucho menos a entregar cantidades que van de entre 20 mil y hasta 40 mil pesos bajo la promesa irreal de que una vez que hayan hecho los depósitos en efectivo, podrían ser contratados y participar en el proyecto inexistente.
La dependencia reiteró que ningún particular que se ostente como “director nacional del ISP” puede realizar “proyectos de auditoría” de los recursos públicos federales del Seguro Popular, a través del reclutamiento y capacitación de personal para ocupar puestos de trabajo.
La CNPSS rechaza todo tipo de prácticas alejadas al marco legal y normativo que rige el espíritu de servicio de la Secretaría de Salud federal, así como del Sistema de Protección Social en Salud, el cual siempre ha sido, es y será en apego a las disposiciones legales y administrativas en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La CNPSS informó que se detectó la circulación de correos electrónicos donde se informa de un supuesto proyecto para la creación de un “Instituto de Seguro Popular” (ISP) y de un equipo de trabajo con la finalidad llevar a cabo una auditoría de los recursos públicos federales asignados al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y de “establecimientos médicos” en las entidades federativas como parte del proceso de la “Universalización de los Servicios de Salud”.
Al respecto, indicó que: corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la facultad de llevar a cabo la fiscalización de los recursos federales que se destinen y se ejerzan en la Administración Pública Federal y los designados a las entidades federativas (Artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Asimismo, los artículos 1, fracción IV, y 4, fracción II, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, señalan que será la ASF el órgano que fiscaliza las operaciones que involucran recursos públicos federales o participaciones federales a través de “contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones”.
Aunado a ello, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 37, fracciones I y VIII, señala que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, entre otros asuntos, la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo.
Por lo anterior, la CNPSS exhortó a no dejarse engañar por los presuntos auditores mediante la oferta de puestos de trabajo para integrar el inexistente proyecto denominado “Instituto de Seguro Popular”, mucho menos a entregar cantidades que van de entre 20 mil y hasta 40 mil pesos bajo la promesa irreal de que una vez que hayan hecho los depósitos en efectivo, podrían ser contratados y participar en el proyecto inexistente.
La dependencia reiteró que ningún particular que se ostente como “director nacional del ISP” puede realizar “proyectos de auditoría” de los recursos públicos federales del Seguro Popular, a través del reclutamiento y capacitación de personal para ocupar puestos de trabajo.
La CNPSS rechaza todo tipo de prácticas alejadas al marco legal y normativo que rige el espíritu de servicio de la Secretaría de Salud federal, así como del Sistema de Protección Social en Salud, el cual siempre ha sido, es y será en apego a las disposiciones legales y administrativas en materia de transparencia y rendición de cuentas.