Caso Chihuahua es referente clave para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción

Así lo reconocen expertos en el foro “El Combate a la Corrupción y el Sistema Penal Acusatorio: El caso Chihuahua” convocado por la UNAM y la Universidad Iberoamericana
Jueves 28 Junio 2018
La Operación Justicia para Chihuahua sirve para reflexionar en los retos que enfrenta el país al activar el Sistema Nacional Anticorrupción y su homologación en las entidades, aseveró la directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, Liliana Veloz Márquez.

Lo anterior como conductora del panel 1 del foro “El Combate a la Corrupción y el Sistema Penal Acusatorio: El caso Chihuahua”, desarrollado en el Auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este foro fue convocado por la UNAM y la Universidad Iberoamericana.

En la primera parte del programa participaron Ana Elena Fierro, investigadora y coordinadora del Programa de Análisis Regulatorio del Centro de Investigación y Docencia Económicas; Daniel Vázquez, profesor investigador del IIJ de la UNAM; Paulo Díez Gargari, abogado mercantil; Ricardo Alvarado, miembro de Mexicanos Contra la Corrupción; y la secretaria de la Función Pública (SFP) Chihuahua Stefany Olmos Loya.

La funcionaria chihuahuense expuso los mecanismos para estructurar la investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y sus agentes del Ministerio Público (MP) para fincar las responsabilidades correspondientes, de manera irrefutable.

Recalcó que si bien la voluntad política gubernamental es determinante para erradicar la corrupción e impunidad, también requiere hacer modificaciones normativas y estructurales, y sobre todo aplicar sentencias ejemplares.

Detalló que el arduo trabajo de meses le ha permitido a los MP de la FGE, que 30 personas, entre ellos exfuncionarios del sexenio de César Duarte, enfrenten la justicia y la mayoría de ellos en prisión, existiendo ya siete sentencias condenatorias.

Enfatizó que tales avances son ejemplares para el país, toda vez que es extremadamente difícil que en México se condene a políticos en materia de corrupción, sin importar el partido al que pertenezcan, pues disponen de muchos nexos y brazos comunicantes.

Además, la Operación Justicia para Chihuahua, ha logrado atribuirle directamente al exgobernador responsabilidades por mil 350 millones de pesos y 15 órdenes de aprehensión, a diferencia de los otros seis gobernadores investigados por delitos de corrupción.

“No hay otro presunto delincuente en México que acumule 15 órdenes de aprehensión por hechos de corrupción y este es un trabajo que tiene que ver mucho, y se destaca, en el marco del Sistema Penal Acusatorio (de Chihuahua)”, comentó.

Reconoció que eso solo se ha logrado por el nivel del trabajo de los fiscales del MP, quienes han enfrentado a los mejores abogados del país contratados con el dinero que presuntamente acumularon los acusados, y han ganado todos los casos.

“No hay ni un solo caso que haya ganado la defensa, todas las órdenes de aprehensión que han solicitado se les han otorgado, todas las peticiones de prisión preventiva les han sido concedidas y los que llegan a sentencia, son condenatorias”, puntualizó.

“Es un trabajo digno no solo de reconocerse, sino de estudiarse y de entenderse, de cómo pusimos a ese nivel a los agentes del MP, de los abogados más reconocidos del país”, subrayó la titular de la SFP Chihuahua.

Advirtió que para enfrentar la corrupción, los estados necesitan patrones normalizados, institucionalizados y enraizados, con soportes sociales, pues no solo están involucrados políticos sino que hay empresarios que se benefician de ello.

Durante el desarrollo del panel, el resto de los participantes propusieron impulsar la creación de fiscalías “boutique” que investiguen casos clave para llegar a desmontar las redes de macrocriminalidad y de ahí pasar a la “pequeña corrupción”.

También consideraron que no debe quedar en voluntad política sino que deben ser acompañados por candados como en el caso de Chihuahua, cuyos nombramientos en la titularidad de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de la Función Pública, deberán cumplir requisitos tales como no haber sido dirigentes partidistas, entre otros.

http://www.unidosconvalor.gob.mx/spip.php?article5795