César Augusto Peniche detalla en la Ciudad de México los bloqueos que en instancias federales ha enfrentado la Fiscalía General del Estado y destaca que existe una falta de respeto a las jurisdicciones
Jueves 28 Junio 2018
En su participación en el panel 2 del foro “El Combate a la Corrupción y el Sistema Penal Acusatorio: El caso Chihuahua” desarrollado en la Ciudad de México, el fiscal general del Estado de Chihuahua César Augusto Peniche Espejel, expuso la experiencia del conflicto competencial entre la Federación y el estado a partir de la detención del exdirigente partidista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
El foro es desarrollado y transmitido en vivo desde el Auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en coordinación con la Red por la Rendición de Cuentas.
Peniche Espejel explicó los procesos y mecanismos que desarrolló la Fiscalía General del Estado (FGE), para investigar los señalamientos ciudadanos sobre irregularidades en el sexenio de César Duarte Jáquez de 2010 a 2016, por instrucciones del gobernador Javier Corral Jurado.
Dijo que en principio la Secretaría de la Función Pública (SFP) estructuró las denuncias por transacciones inusuales en la Secretaría de Hacienda por montos 120 millones de pesos y hasta de 250 millones.
Recordó que al revisar las operaciones financieras, la investigación de la FGE detectó que esos fondos fueron a parar en empresas “fantasma” o “factureras” como las describe el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Posteriormente –indicó el fiscal– testigos advirtieron que esos recursos fueron usados para fines distintos, incluso partidistas, e identificaron a actores involucrados, entre los que se encuentra está Alejandro Gutiérrez.
Dijo que con el arresto de Gutiérrez comenzó la confrontación jurisdiccional del Estado de Chihuahua con la Federación, que incluyó bloqueo de transferencias del Ramo 23, acusaciones sobre supuestas torturas y un interés inusitado para trasladar al detenido y para tomar control total de la investigación.
“Hay una falta de respeto a las jurisdicciones. No por el hecho de ser Federación, un juez de Control federal es superior a un juez de Control local. El Código Nacional no da una supremacía de una autoridad respecto de la otra, para la ley solamente se encuentran exactamente en el mismo nivel”, señaló.
Consideró que este tipo de temas deben analizarse y resolverse, tanto en la descripción de los delitos en materia de corrupción como en la vigencia de las leyes que los persiguen y tipifican.
Peniche Espejel dijo no estar de acuerdo en la tendencia normativa que todo centraliza, en detrimento de las facultades de los estados que integran la Federación.
http://www.unidosconvalor.gob.mx/spip.php?article5799
El foro es desarrollado y transmitido en vivo desde el Auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en coordinación con la Red por la Rendición de Cuentas.
Peniche Espejel explicó los procesos y mecanismos que desarrolló la Fiscalía General del Estado (FGE), para investigar los señalamientos ciudadanos sobre irregularidades en el sexenio de César Duarte Jáquez de 2010 a 2016, por instrucciones del gobernador Javier Corral Jurado.
Dijo que en principio la Secretaría de la Función Pública (SFP) estructuró las denuncias por transacciones inusuales en la Secretaría de Hacienda por montos 120 millones de pesos y hasta de 250 millones.
Recordó que al revisar las operaciones financieras, la investigación de la FGE detectó que esos fondos fueron a parar en empresas “fantasma” o “factureras” como las describe el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Posteriormente –indicó el fiscal– testigos advirtieron que esos recursos fueron usados para fines distintos, incluso partidistas, e identificaron a actores involucrados, entre los que se encuentra está Alejandro Gutiérrez.
Dijo que con el arresto de Gutiérrez comenzó la confrontación jurisdiccional del Estado de Chihuahua con la Federación, que incluyó bloqueo de transferencias del Ramo 23, acusaciones sobre supuestas torturas y un interés inusitado para trasladar al detenido y para tomar control total de la investigación.
“Hay una falta de respeto a las jurisdicciones. No por el hecho de ser Federación, un juez de Control federal es superior a un juez de Control local. El Código Nacional no da una supremacía de una autoridad respecto de la otra, para la ley solamente se encuentran exactamente en el mismo nivel”, señaló.
Consideró que este tipo de temas deben analizarse y resolverse, tanto en la descripción de los delitos en materia de corrupción como en la vigencia de las leyes que los persiguen y tipifican.
Peniche Espejel dijo no estar de acuerdo en la tendencia normativa que todo centraliza, en detrimento de las facultades de los estados que integran la Federación.
http://www.unidosconvalor.gob.mx/spip.php?article5799