Invitado por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el especialista en género y derechos humanos, Pablo Navarrete Gutiérrez, explica el proceso y las etapas para la aplicación de esta figura jurídica, luego de la solicitud de declaratoria que hicieron organismos públicos de derechos humanos para el estado de Chihuahua
Martes 16 Julio 2019
El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) organizó el taller para periodistas Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM ), impartido por el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, experto en derechos humanos, género y democracia.
La coordinadora general del Ichmujeres, Isela Lozoya, informó que recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), solicitaron la declaratoria de alerta para el estado, por lo que se decidió invitar a Navarrete Gutiérrez, para explicar a detalle este tema y hablar de lo que es, y lo que no es esta novedosa figura jurídica establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Pablo Navarrete es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, con maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue director general adjunto en funciones de secretario ejecutivo de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y hasta abril de 2019, fue coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres.
Navarrete explicó que después de que se hizo la solicitud, ésta fue admitida a investigación por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Agregó que actualmente se ha cumplido el segundo paso, que es la instalación de un Grupo de Trabajo que tendrá un plazo de 30 días para investigar la situación denunciada por los peticionarios y rendir un informe con conclusiones a la Segob, donde plantearán una serie de recomendaciones.
En evento realizado en el Salón Sacramento de Palacio de Gobierno, señaló que corresponderá al secretario de Gobernación hacer la notificación al Gobierno del Estado de Chihuahua, que tendrá dos opciones: aceptar o no las recomendaciones.
Si el Estado no acepta —agregó— en automático se declarará por Conavim la AVGM. En cambio, si acepta las recomendaciones, el Estado tendrá un plazo de sei meses para implementarlas, para que al final de ese plazo el Grupo de Trabajo evalúe el cumplimiento y emita un dictamen a la Segob. Será en ese momento en que se defina si se declara o no la AVGM.
El especialista destacó que por primera vez en la historia del país, fueron dos organismos públicos de derechos humanos, el nacional y el estatal, los que solicitaron para el Estado de Chihuahua, la declaración de la alerta.
Explicó que en el caso de la CNDH, la solicitud fue únicamente para los municipios de Juárez y de Chihuahua, mientras que en la solicitud de la CEDH se enlistaron cinco, ya que a los antes citados se agregó Parral, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo.
A la fecha 18 estados han declarado la AVGM. En 2015 lo hicieron Estado de México y Morelos; en 2016 Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz; en 2017 Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y nuevamente Veracruz, por un caso de agravio comparado por interrupción del embarazo.
Para 2018 fueron Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche y Jalisco, mientras que en 2019 lo hizo Puebla.
La AVGM se ha solicitado en todos los demás estados del país, excepto Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo y Tamaulipas.
Navarrete indicó que la AVGM la define la Ley General, como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia autoridad”.
El objetivo, —indicó— es garantizar la seguridad de las mujeres, cesar la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravie sus derechos humanos, es decir, que exista lo que se conoce como agravio comparado.
El experto consideró que la AVGM debe ir acompañada de otras medidas, porque por sí sola no es suficiente para hacer frente a las causas estructurales de discriminación y violencia contra las mujeres.
En el contexto nacional, señaló que 7 de cada 10 mujeres han sufrido a lo largo de su vida algún acto de violencia generalmente en el hogar, además de que 4 de esas 7 mujeres sufrieron violencia por su pareja, lo cual coloca a la casa como el sitio más peligroso para ellas.
Dio a conocer que la calle, el parque y el transporte público es el segundo lugar más peligroso, puesto que el 38.7 de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia principalmente sexual. Informó que Chihuahua ocupa el primer lugar en violencia laboral contra mujeres en el país, y es precisamente el trabajo el tercer sitio más peligroso.
El cuarto lugar más peligroso es la escuela, donde el 25 por ciento de las mujeres ha enfrentado agresiones físicas y sexuales.
El maestro en Derechos Humanos señaló que en 2018 fueron asesinadas 9 mujeres cada 24 horas, es decir, una cada 190 minutos; mientras que en 2019 esa cifra subió a 10 mujeres, por lo que debe considerarse como una emergencia social.
Agregó que de 1985 a 2018 fueron asesinadas 55 mil niñas y mujeres, cada vez con mayor saña y crueldad, incluso con el uso de ácidos y químicos, cifra que representa 5.5 veces la capacidad del Auditorio Nacional, o la desaparición del total de la población del municipio de Guadalupe y Calvo.
http://www.cambio.gob.mx/spip.php?article11597
La coordinadora general del Ichmujeres, Isela Lozoya, informó que recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), solicitaron la declaratoria de alerta para el estado, por lo que se decidió invitar a Navarrete Gutiérrez, para explicar a detalle este tema y hablar de lo que es, y lo que no es esta novedosa figura jurídica establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Pablo Navarrete es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, con maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue director general adjunto en funciones de secretario ejecutivo de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y hasta abril de 2019, fue coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres.
Navarrete explicó que después de que se hizo la solicitud, ésta fue admitida a investigación por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Agregó que actualmente se ha cumplido el segundo paso, que es la instalación de un Grupo de Trabajo que tendrá un plazo de 30 días para investigar la situación denunciada por los peticionarios y rendir un informe con conclusiones a la Segob, donde plantearán una serie de recomendaciones.
En evento realizado en el Salón Sacramento de Palacio de Gobierno, señaló que corresponderá al secretario de Gobernación hacer la notificación al Gobierno del Estado de Chihuahua, que tendrá dos opciones: aceptar o no las recomendaciones.
Si el Estado no acepta —agregó— en automático se declarará por Conavim la AVGM. En cambio, si acepta las recomendaciones, el Estado tendrá un plazo de sei meses para implementarlas, para que al final de ese plazo el Grupo de Trabajo evalúe el cumplimiento y emita un dictamen a la Segob. Será en ese momento en que se defina si se declara o no la AVGM.
El especialista destacó que por primera vez en la historia del país, fueron dos organismos públicos de derechos humanos, el nacional y el estatal, los que solicitaron para el Estado de Chihuahua, la declaración de la alerta.
Explicó que en el caso de la CNDH, la solicitud fue únicamente para los municipios de Juárez y de Chihuahua, mientras que en la solicitud de la CEDH se enlistaron cinco, ya que a los antes citados se agregó Parral, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo.
A la fecha 18 estados han declarado la AVGM. En 2015 lo hicieron Estado de México y Morelos; en 2016 Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz; en 2017 Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y nuevamente Veracruz, por un caso de agravio comparado por interrupción del embarazo.
Para 2018 fueron Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche y Jalisco, mientras que en 2019 lo hizo Puebla.
La AVGM se ha solicitado en todos los demás estados del país, excepto Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo y Tamaulipas.
Navarrete indicó que la AVGM la define la Ley General, como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia autoridad”.
El objetivo, —indicó— es garantizar la seguridad de las mujeres, cesar la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravie sus derechos humanos, es decir, que exista lo que se conoce como agravio comparado.
El experto consideró que la AVGM debe ir acompañada de otras medidas, porque por sí sola no es suficiente para hacer frente a las causas estructurales de discriminación y violencia contra las mujeres.
En el contexto nacional, señaló que 7 de cada 10 mujeres han sufrido a lo largo de su vida algún acto de violencia generalmente en el hogar, además de que 4 de esas 7 mujeres sufrieron violencia por su pareja, lo cual coloca a la casa como el sitio más peligroso para ellas.
Dio a conocer que la calle, el parque y el transporte público es el segundo lugar más peligroso, puesto que el 38.7 de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia principalmente sexual. Informó que Chihuahua ocupa el primer lugar en violencia laboral contra mujeres en el país, y es precisamente el trabajo el tercer sitio más peligroso.
El cuarto lugar más peligroso es la escuela, donde el 25 por ciento de las mujeres ha enfrentado agresiones físicas y sexuales.
El maestro en Derechos Humanos señaló que en 2018 fueron asesinadas 9 mujeres cada 24 horas, es decir, una cada 190 minutos; mientras que en 2019 esa cifra subió a 10 mujeres, por lo que debe considerarse como una emergencia social.
Agregó que de 1985 a 2018 fueron asesinadas 55 mil niñas y mujeres, cada vez con mayor saña y crueldad, incluso con el uso de ácidos y químicos, cifra que representa 5.5 veces la capacidad del Auditorio Nacional, o la desaparición del total de la población del municipio de Guadalupe y Calvo.
http://www.cambio.gob.mx/spip.php?article11597