Lunes 21 Agosto 2017
Un trabajador de origen rarámuri, pudo obtener el pago de su finiquito después de que se le suspendieran sus derechos laborales en la empresa para la que laboraba, tras ser encarcelado, por un asunto ajeno a su desempeño en la compañía.
Fue a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), como se logró resolver este caso a favor del trabajador, quien ante la difícil situación por la que atraviesa, no tenía forma de presentar su renuncia, para acceder al recurso del finiquito y enviarlo a su familia, que radica en la Sierra Tarahumara y cuyos integrantes dependen únicamente de esos ingresos.
El tío del rarámuri, de nombre Andrés Zaragoza, fue quien acudió a nombre de su sobrino a la Procuraduría, para obtener asesoría. “Yo creo que no me quisieron pagar a nombre de mi sobrino en la empresa, a lo mejor porque casi no sé hablar muy bien el español, no me di a entender, y tampoco ellos me explicaron muy bien, por eso busqué otra ayuda y aquí nos atendieron muy bien, y rápido”, relató.
La abogada de la Procuraduría, Nérida Saucedo, comentó que acompañó al señor Zaragoza y al abogado del trabajador, a la empresa para presentar la renuncia, en una carta escrita por el propio trabajador, quien también facultó al tío para cobrar el finiquito. En coordinación con las áreas jurídica y administrativa de la empresa, resolvieron la rescisión de la relación laboral y el pago, a través de un convenio.
“A nosotros no nos ayudan porque falta que nos expliquen bien cómo se llevan estos casos, a veces los patrones no nos pagan porque no hablan como nosotros”, expresó el señor Zaragoza al hacer alusión a las dificultades a las que se enfrentan ante las leyes, por la diferencia del idioma, o al no conocer sus derechos, en este caso, como trabajadores.
Por su parte, la abogada Saucedo, destacó que como funcionarios públicos, es un deber ser empáticos con los afectados, en situaciones de este tipo, y nunca se les debe negar el apoyo a quienes lo necesitan, pues siempre se puede encontrar la manera de resolver estos problemas.
“Debemos ponernos en sus zapatos, saber qué pasaría con nosotros, si al igual que ellos, no supiéramos qué hacer en estos casos, ni a quién acudir, o cómo explicar qué nos está pasando, ellos, al igual que el resto de los trabajadores, deben saber cuáles son sus derechos laborales, saber cuáles son sus beneficios y obligaciones, pues a veces los patrones abusan de ellos porque ellos no defienden sus derechos, pues simplemente los ignoran”, concluyó.
Fue a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), como se logró resolver este caso a favor del trabajador, quien ante la difícil situación por la que atraviesa, no tenía forma de presentar su renuncia, para acceder al recurso del finiquito y enviarlo a su familia, que radica en la Sierra Tarahumara y cuyos integrantes dependen únicamente de esos ingresos.
El tío del rarámuri, de nombre Andrés Zaragoza, fue quien acudió a nombre de su sobrino a la Procuraduría, para obtener asesoría. “Yo creo que no me quisieron pagar a nombre de mi sobrino en la empresa, a lo mejor porque casi no sé hablar muy bien el español, no me di a entender, y tampoco ellos me explicaron muy bien, por eso busqué otra ayuda y aquí nos atendieron muy bien, y rápido”, relató.
La abogada de la Procuraduría, Nérida Saucedo, comentó que acompañó al señor Zaragoza y al abogado del trabajador, a la empresa para presentar la renuncia, en una carta escrita por el propio trabajador, quien también facultó al tío para cobrar el finiquito. En coordinación con las áreas jurídica y administrativa de la empresa, resolvieron la rescisión de la relación laboral y el pago, a través de un convenio.
“A nosotros no nos ayudan porque falta que nos expliquen bien cómo se llevan estos casos, a veces los patrones no nos pagan porque no hablan como nosotros”, expresó el señor Zaragoza al hacer alusión a las dificultades a las que se enfrentan ante las leyes, por la diferencia del idioma, o al no conocer sus derechos, en este caso, como trabajadores.
Por su parte, la abogada Saucedo, destacó que como funcionarios públicos, es un deber ser empáticos con los afectados, en situaciones de este tipo, y nunca se les debe negar el apoyo a quienes lo necesitan, pues siempre se puede encontrar la manera de resolver estos problemas.
“Debemos ponernos en sus zapatos, saber qué pasaría con nosotros, si al igual que ellos, no supiéramos qué hacer en estos casos, ni a quién acudir, o cómo explicar qué nos está pasando, ellos, al igual que el resto de los trabajadores, deben saber cuáles son sus derechos laborales, saber cuáles son sus beneficios y obligaciones, pues a veces los patrones abusan de ellos porque ellos no defienden sus derechos, pues simplemente los ignoran”, concluyó.