El Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Gobierno y Transporte, trabaja en la reestructuración de la Ley de Transporte, para cubrir lagunas que propician conflictos en el servicio de taxis, como son las concesiones y la aparición de Uber en Chihuahua.
Respecto a concesiones otorgadas por la anterior administración, el director general de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos Legarreta, explicó que un juzgado de Distrito debe determinar si se violentó o no la normatividad, por la modificación de la convocatoria, una vez que fue emitida.
A pesar de que la empresa se encuentra en la ilegalidad, señaló que aún no se puede determinar si continuarán o no sus operaciones en el estado. “De llegar a suceder eso, se tendría que reponer el procedimiento, primero, al verter la convocatoria para concesiones de taxi, pero eso solo a solicitud de los quejosos y que lo determine así un juzgado de Distrito”, explicó el funcionario.
Si se determina que el otorgamiento de concesiones fue en contra del orden jurídico, se repondrá el procedimiento y ahí sí, nos ordenarán que se haga una nueva licitación, agregó. Hasta ahora no hay ninguna resolución judicial al respecto, por lo que es necesario esperar para actuar en consecuencia.
“Desde la administración pasada se otorgaron las concesiones para taxis, pero los amparos empezaron a llegar y tendrán que resolverse en alrededor de tres meses. Vamos a esperar la resolución de los tribunales federales en ese sentido”, dijo Gallegos.
Respecto al servicio que está prestando Uber con automóviles particulares, Gallegos aclaró que la Dirección de Transporte del Estado no ha procedido a decomisar vehículos que operen bajo esas circunstancias.
Sobre el decomiso de algunos vehículos de Uber en días pasados, explicó que fue un órgano federal el que lo realizó, por estar en territorio de esa jurisdicción. “Pero en todo caso, también se deben cumplir las normas. Se debe convocar en algún momento a los usuarios y a quienes tienen este tipo de trabajo, para encontrar la solución a ese conflicto”, añadió.
El propósito del actual gobierno estatal, no será de reformar una ley para solucionar un solo problema. “La ley de Transporte tiene varias lagunas que estamos analizando y habrán de subsanarse por el H. Congreso del Estado”, concluyó Gallegos Legarreta.