Reprueba Fiscal actos de corrupción y omisiones en la institución durante la pasada administración

No se libera de ninguna responsabilidad a servidores públicos por ocultar e incumplir obligaciones
Lunes 14 Noviembre 2016

El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, denunció las pésimas condiciones en que se recibió la Fiscalía General del Estado, así como la corrupción que imperó durante la pasada administración, encontrando que se tienen adeudos millonarios con proveedores, que más de la mitad de las unidades se encuentran inhabilitadas y que existe un déficit millonario.

Como parte del diagnóstico que han venido presentando los secretarios de Gobierno del Estado ante la sociedad chihuahuense y los medios de comunicación, Peniche Espejel dio a conocer los pormenores de la crítica e inoperante situación que dejó la anterior administración estatal y que actualmente enfrenta la Fiscalía General del Estado.

Informó que ya se abrieron las primeras carpetas de investigación, de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública, de donde derivarán delitos de orden administrativo y penal, ya que ningún funcionario será eximido de responsabilidad.

“La Ley Administrativa establece un plazo para llevar a cabo la formulación de observaciones a las actas de entrega-recepción; sin embargo, el hecho de que no se hayan hecho los señalamientos, no libera de ninguna responsabilidad a los servidores públicos salientes, que pretendan ocultar, como hasta la fecha, lo que han estado ocultado” expresó el funcionario.

“Estas conductas se analizarán y de acuerdo al hecho, pueden irse por la vía administrativa o penal; sin embargo, en ambos casos, todo dependerá del número de evidencias con que se cuente”.

Del diagnóstico expuesto por el fiscal, destaca lo siguiente:

*1,831 vehículos, que representa el 71% del total de unidades con los que cuenta la Fiscalía, requieren reparación urgente. El costo total estimado es de alrededor de 31 millones de pesos. 

*Alrededor del 30% de la ocupación laboral, se rige bajo un esquema de eventuales y pago por honorarios, lo cual es grave, porque hay áreas consideradas como estratégicas.

*Adeudo con proveedores cercano a los 400 millones de pesos; entre ellos 20 millones por concepto de gasolina. 

*Instalaciones que no han recibido el mantenimiento requerido, particularmente en el caso del SEMEFO de ciudad Juárez.

*Déficit de 100 millones de pesos para cumplir con las obligaciones de operatividad.

*Obras y trabajos que fueron contratados, en donde el monto real del costo es inferior hasta en un 50% al precio pagado. 

*Sub ejercicio de un gasto acumulado entre coparticipación del Estado y las cantidades que se ejercieron oportunamente del FASP, de alrededor de 400 millones de pesos y que están en riesgo  de perderse por esa falta de planeación oportuna.

*Adeudos por más de 2 millones de pesos, con académicos de la Escuela Estatal de Policía por cursos impartidos durante 2015 y 2016.

*Falta de mantenimiento del equipo del C4, el 50% de las cámaras se encuentran inoperantes.

*La red de telecomunicaciones con que cuenta la FGE no había sido puesta en operación; pese a la gran cantidad de recursos que se destinaron para ello, por parte de la iniciativa Mérida  y con recursos propios del Estado.

*Organismos colegiados que no han entrado en funciones, que simplemente no han tenido operatividad, como lo son el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Consejo de Desarrollo Policial.

*A los trabajadores de la FGE se les descuenta de manera regular una cantidad para contraprestación o como aportación para el uso del CEDEFAM, y que no ha sido entregada al fideicomiso que administra los Centros de Desarrollo Familiar.

*Áreas de informática, donde esta depositada toda la información y cuyas redes de comunicaciones no han recibido el mantenimiento necesario; lo que trae como consecuencia el riesgo de que se pueda perder gran parte de la información que está alojada en esos servidores y bases de datos.

*Obras pactadas y pagadas a proveedores, que no se encuentran legalizadas o los bienes no se encuentran suministrados.

*El área de expedición de licencias de conducir, a lo largo de más de un año no ha recibido un solo pago por concepto de contraprestación, superior a los 50 millones de pesos.

*Adquisiciones que se hicieron sin contar con la documentación correspondiente, tanto como de su prestación, como de su corrupta ejecución, rebasa a los 63 millones de pesos que corresponden  a los ejercicios  2014, 2015 y 2016.

*Un faltante de mil 473 bienes, que todavía no se ha podido establecer en donde se encuentran, con un valor superior a los 22 millones de pesos.

*No se cuenta con vigilancia de seguridad privada en las instalaciones de la FGE, debido a una mala planeación, además, se opera con un servicio informal de limpieza en los edificios de la institución.