Viernes 09 Junio 2017
Los gobiernos estatal y federal se comprometieron a practicar auditorías ambientales en diversas comunidades y ejidos de la Sierra Tarahumara, para determinar los niveles de deforestación y sobreexplotación de los bosques.
En reunión celebrada este viernes con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dependencias estatales y federales definieron las estrategias para delimitar los polígonos de las comunidades más afectadas por la tala clandestina, y para dar seguimiento a las causas penales iniciadas a consecuencia de ese ilícito.
En la reunión participó el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles quien indicó que se asumió el compromiso de que, en un mes, a más tardar, las autoridades federales darán respuesta precisa a las auditorías ambientales que se practicarán en comunidades como Cañada de Chávez, Pino Gordo y Bosques de Repechique, entre otras.
Entre las autoridades federales que asumieron ese compromiso están las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Federal de Electricidad.
Se estima que la auditoría a cada polígono tarde tres meses. En total, serán más de 22 mil hectáreas de bosque las que serán sujetas a auditoría, mediante el trabajo de 30 brigadistas por polígono, quienes tendrán la asistencia y protección a los brigadistas que harán esa labor, añadió Jáuregui.
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) también asumió el compromiso de dar seguimiento a las 673 denuncias por la tala irregular de arbolado en diversos municipios ubicados en la Sierra Tarahumara.
“Estamos obligados a guardar el bosque, e inclusive mejorarlo para las próximas generaciones”, dijo el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, al término de la reunión.
En la reunión estuvieron presentes las delegadas de la Semarnat, Brenda Ríos y de Sedatu, Lucía Chavira, así como la titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), María Teresa Guerrero; Patricia Colchero Aragonés, como jefa de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; así como, representantes de la Comisión Federal de Electricidad, de la Procuraduría General de la República y de la Policía Estatal.
En reunión celebrada este viernes con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dependencias estatales y federales definieron las estrategias para delimitar los polígonos de las comunidades más afectadas por la tala clandestina, y para dar seguimiento a las causas penales iniciadas a consecuencia de ese ilícito.
En la reunión participó el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles quien indicó que se asumió el compromiso de que, en un mes, a más tardar, las autoridades federales darán respuesta precisa a las auditorías ambientales que se practicarán en comunidades como Cañada de Chávez, Pino Gordo y Bosques de Repechique, entre otras.
Entre las autoridades federales que asumieron ese compromiso están las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Federal de Electricidad.
Se estima que la auditoría a cada polígono tarde tres meses. En total, serán más de 22 mil hectáreas de bosque las que serán sujetas a auditoría, mediante el trabajo de 30 brigadistas por polígono, quienes tendrán la asistencia y protección a los brigadistas que harán esa labor, añadió Jáuregui.
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) también asumió el compromiso de dar seguimiento a las 673 denuncias por la tala irregular de arbolado en diversos municipios ubicados en la Sierra Tarahumara.
“Estamos obligados a guardar el bosque, e inclusive mejorarlo para las próximas generaciones”, dijo el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, al término de la reunión.
En la reunión estuvieron presentes las delegadas de la Semarnat, Brenda Ríos y de Sedatu, Lucía Chavira, así como la titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), María Teresa Guerrero; Patricia Colchero Aragonés, como jefa de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; así como, representantes de la Comisión Federal de Electricidad, de la Procuraduría General de la República y de la Policía Estatal.