Instruye función pública a salud a evitar entrega de bonos de manera irregular

​La dependencia estableció que se entregaron fuera de norma.
Miércoles 23 Agosto 2017
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha iniciado una auditoría al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) por la compra de medicamentos, a través de una asignación directa, a la farmacia Egron, informó la titular de la dependencia, Rocío Stefany Olmos Loya.
 
Por considerar que se trataba de un tema prioritario, la SFP solicitó la información referente a esa compra desde el 4 de agosto al Instituto Chihuahuense de Salud, y desde el pasado 9 de agosto inició la auditoría.
 
Al hablar de una posible adjudicación directa, Olmos Loya enfatizó que la ley establece que una vez que se licita dos veces, se puede proceder a la acreditación directa; sin embargo, esta es una excepción y como tal, debe ser la última alternativa por parte de las instancias gubernamentales.
 
Sobre la postergación de licitación para servicios de laboratorio, explicó que es se trata de una licitación pública de carácter nacional, la cual se basa en una la normatividad federal.
 
Por ser un contrato de tres años, la operación resulta compleja debido a que se contemplan aspectos técnicos, de ahí que las autoridades de salud determinaron que se realice el siguiente viernes y todo se desarrollará conforme a la reglamentación federal y todas sus especificaciones.
 
En conferencia de prensa, la titular de la Función Pública dio a conocer que el 19 de julio de concluyó la auditoria del caso de los bonos entregados a funcionarios de la Secretaría de Salud, sobre lo cual afirmó que fueron otorgados fuera de norma.
 
Ante esta situación, la funcionaria especificó que la dependencia a su cargo instruyó varias medidas a la Secretaría de Salud, entre ellas, que los funcionarios que tenían menos de un año en funciones lo rembolsaran, situación que ya ocurrió, y algunos que tienen más de un año lo devolvieron parcialmente.
 
También se instruyó a que se tomen las medidas para que esto no ocurra en un futuro y se dio vista al área de responsabilidades, para definir las sanciones a las cuales se hicieron acreedores quienes intervinieron en esta situación, que pueden ser amonestación privada, amonestación pública e incluso llegar a la inhabilitación.
 
En torno a la investigación del desvío de recursos que se presentó en el Colegio de Bachilleres, comentó que todavía no se inicia la auditoría que se realizará en este asunto.
 
En lo que respecta a los exfuncionarios de la pasada administración, Stefany Olmos dijo que todas las investigaciones están en curso, con 14 personas vinculadas a proceso y a la fecha se acreditó el desvío de más de mil millones de pesos.
 
Detalló que los casos se acreditan, se solicitan las órdenes de aprehensión y conforme se tengan avances se darán a conocer.
 
Adelantó que actualmente las investigaciones están enfocadas al sector salud y a obras públicas, entre ellas la de la denominada Ciudad Judicial.
 
Manifestó que también se han detectado empresas que presentan documentación falsa o casos donde se pusieron de acuerdo con funcionarios para darle un precio mayor al real al Gobierno del Estado, por lo cual existen investigaciones que están en proceso.
No obstante, esta situación, asentó, la mayoría de las empresas lo que quieren es “un piso parejo” para que existan igualdad en la participación y poder convertirse en proveedores de Gobierno del Estado.
 
La secretaria dio a conocer que se ha suspendido a cuando menos 20 funcionarios menores por irregularidades administrativas de desarrollo social, obras públicas, entre otras dependencias, además de amonestaciones por faltas menores.
 
En lo relacionado con la investigación que realiza la Fepade, dijo que la Secretaría a su cargo acreditó el desvío de 79 millones de millones de pesos para el proceso electoral federal.
 
Por último, en el tema de quitar a los trabajadores de la anterior administración cierta cantidad de su salario para entregárselo a un partido político, declaró: “Estamos sentando un precedente a nivel nacional, de que retenerles parte de su dinero a los trabajadores es un delito y quienes intervinieron en estas irregularidades ya están enfrentando a la justicia por ese motivo”.