A ocho días de concluir la pasada administración estatal, contrajo la obligación de decomisar vehículos ilegales y remitirlos a la autoridad fiscal.
Martes 26 Septiembre 2017
En relación con las acciones de aseguramiento de automóviles de procedencia extranjera introducidos de forma ilegal al País, así como con las demandas que han planteado diversas organizaciones que agrupan a propietarios de este tipo de vehículos “chuecos”, Gobierno del Estado puntualizó que no llevará a cabo ningún procedimiento para gestionar su regularización.
Lo anterior, debido a que no solo carece de facultad legal para llevar a cabo dicho trámite, sino también, porque por ley, está obligado a incautarlos y remitirlos a la autoridad fiscal como mercancía de contrabando.
No habrá por lo tanto, ningún programa para identificarlos y generar una base de datos, ya sea mediante engomado o cualquier otro instrumento, toda vez que la anterior administración estatal, contrajo la obligación de realizar la verificación de vehículos ilegales en circulación, así como de mercancía en transporte, aun y cuando no se encuentren en movimiento, tal como quedó establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de septiembre del año 2016, es decir, tan solo ocho días antes de que concluyera el gobierno de César Duarte Jáquez.
El anterior mandatario, simuló actos jurídicos cuando llevó a cabo la identificación de los vehículos, ya que fue hasta finales de su gestión, cuando le dio vigencia al anexo 8 del Convenio de Coordinación Fiscal con la Federación, para realizar labores de incautación de mercancía de procedencia extranjera introducida ilegalmente al país.
Es decir, que no existió tal proceso de regularización durante el período de gobierno de César Duarte Jáquez, ya que el programa que se puso en marcha, mediante el cual los dueños de esos automotores pagaron sumas por concepto de “donativo”, fue solo una simulación, que quedó sin efecto a partir de marzo del año 2016.
Entre las obligaciones contraídas por el Gobierno de Chihuahua, se encuentra la de decretar el embargo precautorio de la mercancía y de los vehículos, así como negar el otorgamiento de tarjeta y placas de circulación, o cualquier otro documento que les permita el libre tránsito cuando no se acredite su legal importación, estancia o tenencia.
Esto, en el entendido de que si el gobierno estatal incumple con dichas disposiciones y procede a realizar la identificación de los autos “chuecos”, corre el riesgo de sufrir graves sanciones económicas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.
Hasta ahora, mediante operativos en los cuales no se ha hecho distingo alguno por motivos de pertenencia a alguna organización o tipo de identificación, la autoridad estatal ha asegurado un total de 91 vehículos.
Como parte del Estado Mexicano, Gobierno del Estado cumplirá con las obligaciones contraídas con la Federación, dejando siempre de manifiesto su interés por atender las legítimas demandas de sus gobernados, y sin dejar de lado la necesidad que éstos tienen, de contar con un vehículo propio, para cubrir sus necesidades de transporte familiar.
Lo anterior, debido a que no solo carece de facultad legal para llevar a cabo dicho trámite, sino también, porque por ley, está obligado a incautarlos y remitirlos a la autoridad fiscal como mercancía de contrabando.
No habrá por lo tanto, ningún programa para identificarlos y generar una base de datos, ya sea mediante engomado o cualquier otro instrumento, toda vez que la anterior administración estatal, contrajo la obligación de realizar la verificación de vehículos ilegales en circulación, así como de mercancía en transporte, aun y cuando no se encuentren en movimiento, tal como quedó establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de septiembre del año 2016, es decir, tan solo ocho días antes de que concluyera el gobierno de César Duarte Jáquez.
El anterior mandatario, simuló actos jurídicos cuando llevó a cabo la identificación de los vehículos, ya que fue hasta finales de su gestión, cuando le dio vigencia al anexo 8 del Convenio de Coordinación Fiscal con la Federación, para realizar labores de incautación de mercancía de procedencia extranjera introducida ilegalmente al país.
Es decir, que no existió tal proceso de regularización durante el período de gobierno de César Duarte Jáquez, ya que el programa que se puso en marcha, mediante el cual los dueños de esos automotores pagaron sumas por concepto de “donativo”, fue solo una simulación, que quedó sin efecto a partir de marzo del año 2016.
Entre las obligaciones contraídas por el Gobierno de Chihuahua, se encuentra la de decretar el embargo precautorio de la mercancía y de los vehículos, así como negar el otorgamiento de tarjeta y placas de circulación, o cualquier otro documento que les permita el libre tránsito cuando no se acredite su legal importación, estancia o tenencia.
Esto, en el entendido de que si el gobierno estatal incumple con dichas disposiciones y procede a realizar la identificación de los autos “chuecos”, corre el riesgo de sufrir graves sanciones económicas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.
Hasta ahora, mediante operativos en los cuales no se ha hecho distingo alguno por motivos de pertenencia a alguna organización o tipo de identificación, la autoridad estatal ha asegurado un total de 91 vehículos.
Como parte del Estado Mexicano, Gobierno del Estado cumplirá con las obligaciones contraídas con la Federación, dejando siempre de manifiesto su interés por atender las legítimas demandas de sus gobernados, y sin dejar de lado la necesidad que éstos tienen, de contar con un vehículo propio, para cubrir sus necesidades de transporte familiar.