Diagnóstico

El primer eje de trabajo planteado por el Gobierno del Estado de Chihuahua es impulsar una política pública humana y social que respete los derechos humanos y que combata la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Hasta el momento esto no ha sucedido: aún se trabaja bajo el mismo modelo asistencial y disperso de hace décadas. Para disminuir la brecha de desigualdad del estado no basta ocuparse de estrategias paliativas para sobrellevar las necesidades sociales: es necesario que dichas estrategias sean orientadas con base en la sustentabilidad de las mismas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha definido dimensiones a través de las cuales ejercer y evaluar las políticas públicas; no obstante, no podemos ignorar la existencia de determinados grupos y sectores con necesidades particulares relacionadas con cada dimensión. Dicho esto, es fundamental que las áreas de alimentación, salud, educación, cultura y vivienda lleven a cabo un análisis efectivo de las necesidades y requerimientos, lo que permitirá brindar la atención específica requerida por los grupos vulnerados.

El compromiso de este Gobierno, aunado al respeto por la diversidad de pueblos originarios, géneros, creencias y profesiones nos ha llevado a reenfocar la política social en función de proporcionar un mayor bienestar. La nueva estrategia se centra en la atención de los sujetos sociales prioritarios que ya han sido definidos como eje metodológico, de manera que la política social se adapte y pueda ser constituida en torno a cada uno de ellos.

Cambiamos el paradigma: del asistencialismo a los derechos humanos

A través de diferentes dependencias y entidades, esta administración atenderá de manera estructural y articulada los factores de vulnerabilidad que ciertos sectores de la población enfrentan. Nuestro objetivo es disminuir las brechas sociales mediante un enfoque a los derechos humanos, económicos, políticos y sociales de las personas.

Mujeres: las mujeres ocupan un papel fundamental en nuestra sociedad; no obstante, día con día enfrentan dificultades producto de la discriminación estructural. Esto no sólo las limita en el ámbito profesional, sino en las decisiones estratégicas de sus vidas tales como la reproducción, su representación en con necesidades particulares relacionadas con cada dimensión. Dicho esto, es fundamental que las áreas de alimentación, salud, educación, cultura y vivienda lleven a cabo un análisis efectivo de las necesidades y requerimientos, lo que permitirá brindar la atención específica requerida por los grupos vulnerados. El compromiso de este Gobierno, aunado al respeto por la diversidad de pueblos originarios, géneros, creencias y profesiones nos ha llevado a reenfocar la política social en función de proporcionar un mayor bienestar. La nueva estrategia se centra en la atención de los sujetos sociales prioritarios que ya han sido definidos como eje metodológico, de manera que la política social se adapte y pueda ser constituida en torno a cada uno de ellos. las instancias de poder y su participación en las decisiones públicas que les conciernen. En el estado habitan 1 millón 804 mil 299 mujeres .

Personas indígenas: los pueblos indígenas han sido excluidos de la agenda y la construcción de políticas públicas: históricamente, ha sido más fácil ignorarlos que considerarlos como parte del estado. Es importante que dicha población — compuesta por 139 mil 174 hombres y mujeres de origen rarámuri, tepehuán, pima y guarijío y de otros pueblos indígenas del sur que han migrado definitivamente a nuestro estado —, sea la encargada de proponer sus propias alternativas y soluciones para el mejoramiento de sus comunidades.

Personas con discapacidad: según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID), para el 2014 el total de personas con discapacidad alcanzaba el seis por ciento. Al trasladarlo a los datos demográficos del estado, obtenemos un total de 213 mil 395 personas con discapacidad; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que en el mundo hay una prevalencia del 15 por ciento, para los países en desarrollo, se tiene una estimación del 10 por ciento, lo que incrementaría la cifra de la ENADID a 356 mil personas. Frente a este tema, no se cuenta con suficiente información para establecer la cifra poblacional que presenta esta vulnerabilidad.

Personas migrantes: se trata de personas repatriadas a nuestro país que, marcadas por la creciente desigualdad y la falta de oportunidades en sus lugares de origen, permanecen en tránsito dentro del territorio estatal. No se cuenta con los instrumentos necesarios para medir a la población migrante, sin embargo, con estimaciones basadas en datos del Consejo Estatal de Población y Organizaciones No Gubernamentales se logró estimar una cifra aproximada de 14 mil migrantes por año en el estado.

Personas jornaleras: sujetos a abusos y exclusiones, las y los jornaleros carecen de salarios competitivos, acceso a servicios de salud, educación y seguridad social, vivienda y protección de sus derechos. Se trata de una población de mojados en su propio territorio, situación lamentable que debe cambiar cuanto antes: dentro del estado, se estima que habitan 28 mil 630 jornaleros .

Niñas, niños y adolescentes: nuestra prioridad es invertir esfuerzos para brindarles una atención integral, facilitarles las oportunidades necesarias para su desarrollo y proteger sus derechos e integridad. El número de niños, niñas y adolescentes en Chihuahua alcanza 1 millón 194 mil 461, lo que representa un 33.6 por ciento de la población total de la entidad. Un tercio de esta población es menor 18 años —un 50.7 por ciento compuesta por hombres frente al 49.3 por ciento ocupado por las mujeres .

Población joven: dicho sector poblacional —el sector de inmediato potencial de desarrollo para nuestro estado, y una quinta parte del total de habitantes (706 mil 559 jóvenes )— presenta altas tasas de consumo de drogas y suicidios. A esto habrá que añadir los altos índices de embarazos en mujeres menores de 20 años. La capacidad del Estado para atender tales situaciones tendrá un impacto directo en el desempeño de nuestra comunidad en los próximos años.

Personas adultas mayores: el incremento demográfico de personas adultas mayores generará un impacto importante dentro de la población. Se contabiliza en todo el estado a 343 mil 483 personas adultas mayores, de las cuales 162 mil 177 son hombres y 181 mil 306 mujeres . Es necesaria la promoción del respeto a sus derechos para garantizarles una vida digna; así también, es importante difundir los acuerdos en materia legislativa para esta población que dicta la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para salvaguardar su integridad.

En la actualidad carecemos de mecanismos institucionalizados de coordinación entre los grupos de interés que participen en el delineado de políticas públicas enfocadas a este sector; la toma de decisiones deberá tomar en conjunto las voluntades del Gobierno, sociedad civil, grupos empresariales e instituciones para enriquecer las propuestas y generar verdaderas acciones de cambio.sdsdsd

Hay que considerar que los casos de vulnerabilidad de estos grupos poblacionales no son mutuamente excluyentes. Por el contrario, existen cuantiosas situaciones en las que una sola persona presenta varios casos de exclusión: pensemos en una niña o niño indígena cuyos padres laboran como jornaleros, en el caso de una mujer mayor con discapacidad, o incluso en las y los jóvenes que deben abandonar sus ciudades en busca de mejores oportunidades de desarrollo.

Durante esta administración, el Gobierno de Chihuahua se compromete a gestionar en pos de la paz, la solidaridad y la inclusión de todas y todos. Estamos seguros que trabajar en la atención a las necesidades específicas de las poblaciones vulneradas es avanzar con paso firme a un mejor futuro.

De manera más concreta, es necesario entender el desarrollo social como el fortalecimiento de sujetos de derechos; es decir, hay que atender los rezagos de pobreza, desigualdad y exclusión. Las acciones y los programas deben ser multidisciplinarios y contener estrategias enfocadas a los niveles comunitario, familiar e individual. Desde la óptica transversal, es necesario articular a los órganos de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como los sectores privado, social y académico, para lograr mejores resultados.

La política social no ha logrado superar las brechas y los desequilibrios sociales en Chihuahua

Según estimaciones de CONEVAL, el 5.4 por ciento de la población de Chihuahua se encuentra en condiciones de pobreza extrema, frente a un 28.9 por ciento que vive en pobreza moderada; es decir: 1 millón 265 mil 546 personas sufren algún tipo de pobreza en el estado, lo que ubicó en 2015 a Chihuahua en el puesto 24 en el índice de rezago social.

 

Por otro lado, los datos del Índice del Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indican que Chihuahua es uno de los estados donde más han decrecido los índices de desarrollo. Mientras que en 2008 ocupábamos el décimo quinto lugar a nivel nacional en este tema, para 2012 el estado habría caído al décimo noveno lugar en la misma escala. Esto significó que el desarrollo del estado pasara de calificar como alto a medio. Sin embargo, nada de esto está exclusivamente relacionado con el nivel de ingreso; se trata de la influencia de factores multidimensionales. La calidad de vivienda y la disponibilidad de servicios básicos en la misma forman parte de los derechos sociales que las instituciones deben vigilar. Por el contrario, en Chihuahua existen dos grandes problemas en el tema de vivienda: hay casos de familias a las que los esquemas tradicionales de financiamiento no cubren; por otra parte, abundan viviendas en condiciones precarias alrededor del estado.

Para el año 2015, el total de viviendas contabilizadas era de 1 millón 33 mil 216 en todo el estado. Se calcula que la demanda por nuevas residencias ascendía a poco más de 40 mil; no obstante, la oferta apenas rondaba las 16 mil casas, que fueron canalizadas a través de INFONAVIT y FOVISSSTE. Aunado a que el número de casas que se tramitaron fue inferior a lo que realmente se necesitaba, un sinnúmero de familias ni siquiera pudieron aspirar a ellas, debido a los bajos ingresos y la escasez de esquemas para cubrirlas.

El problema no sólo es la escasez de viviendas, sino la calidad de las mismas.

 

Más de 1 millón de personas demandan una vivienda digna

Alrededor de 200 mil chihuahuenses en pobreza extrema, y poco más de 1 millón en pobreza moderada ocupan viviendas en condiciones de hacinamiento, construidas con materiales de desecho, carentes de servicios básicos y en asentamientos irregulares. Esta afectación constituye un impacto directo en materia de salud, educación, desarrollo personal, seguridad y hasta en los niveles de armonía del núcleo familiar.

Aunado a lo anterior, la inseguridad y el crecimiento desorganizado de las zonas habitacionales han disparado el índice de viviendas abandonadas. De acuerdo a un estudio realizado por el Consejo Estatal de Vivienda (COESVI) en 2011, el 14.4 por ciento de las viviendas localizadas en 448 fraccionamientos de todo el estado estaban desocupadas; esto equivale a la nada alentadora cifra de 49 mil 6 viviendas, de las cuales 24 mil 688 habían sido vandalizadas. Ciudad Juárez y Chihuahua reportaron la mayor concentración de las mismas, al registrar 35 mil y 10 mil viviendas abandonadas, respectivamente.

Los pueblos originarios, una historia de exclusión centenaria

La situación de los pueblos originarios es diferente y un tanto más compleja. Son comunidades que cuentan con sistemas normativos de gobierno, justicia, agricultura y conocimientos sobre el entorno; reconocidos por la legislación nacional e internacional. A pesar de ello, sus condiciones se reflejan en la realidad de la vivienda que habitan, en donde la mayoría de ellas no cuentan con agua entubada y sus pisos son de tierra.

La población económicamente activa indígena en el país alcanzaba los 38 mil 714 individuos, en contraste con la población total de más de 400 mil personas . Dicha situación está estrechamente relacionada con la discriminación contra este grupo vulnerado: 34 de cada 100 personas afirmaron no contar con las mismas oportunidades para conseguir trabajo debido a su condición étnica .

 

Los datos anteriores muestran la necesidad de aumentar la inclusión de los pueblos indígenas en el mundo laboral. Es necesario expandir la voluntad del sector productivo para incorporarlos, lograr los ajustes razonables y la accesibilidad en los espacios de producción y dar extrema prioridad a la capacitación para el trabajo.

El 80 por ciento de la población indígena en la sierra se dedica a las actividades primarias para el autoconsumo. Lo que ellos llaman el trabajo propio, que es necesario reconocer e impulsar a través del fomento a la agricultura de los pequeños productores. Como existe un déficit histórico en la producción de maíz y frijol, las familias indígenas de la sierra para complementar su sustento emigran temporalmente a los campos agrícolas del estado y de los estados vecinos de Sonora y Sinaloa como jornaleros agrícolas.

Hay que prestar atención al caso de las personas jornaleras quienes, por la naturaleza de su trabajo, laboran por períodos de ocho a nueves meses. Generalmente, el ingreso de estas temporadas no es suficiente para sortear el resto del año. Comúnmente dichas personas trabajadoras deben habitar en refugios hechizos, a merced del clima, pues en pocas ocasiones son provistos de una vivienda adecuada en sus centros temporales de trabajo. Como jornaleros agrícolas, las y los trabajadores indígenas son presa de enganchadores y sufren malas condiciones laborales para todos los miembros de la familia incluyendo las y los niños. Es menester regular estas contrataciones y sobre todo supervisar sus condiciones de trabajo.

Con respecto a otros grupos sociales considerados vulnerados, cuatro de cada diez personas con discapacidad refieren que familiares distintos a sus padres son la fuente de donde proviene la mayor parte de sus ingresos. La segunda fuente de ingresos es el trabajo propio. En tercer lugar aparecen las pensiones, y sólo uno de cada diez expresó que sus ingresos provienen de sus padres .

A pesar de que el programa estatal de gobierno con mayor cobertura y apoyo para las personas adultas mayores es el de las becas alimentarias, éste aún resulta insuficiente. Actualmente, el programa provee un monto total de apoyos de 1 millón 138 pesos, que cubre un total 11 mil 200 personas en todo el estado. Además de que la mayoría de los beneficiarios se concentran principalmente en Chihuahua y Juárez, hay una lista de espera de más de 5 mil personas que busca recibir este apoyo.

Finalmente, en su informe sobre los derechos de la infancia y la adolescencia en Chihuahua, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2010) ha reportado que el 40.8 por ciento de las niñas, niños y adolescentes chihuahuenses viven en situación de pobreza.

Así como la vivienda, la calidad en la atención de la salud y el acceso a la seguridad social son un reto no sólo institucional, sino económico. Por lo tanto, el Estado debe impulsar la promoción de la salud a partir de un enfoque preventivo. Esto requiere enfatizar la importancia de la adopción de estilos de vida saludables y fomento al autocuidado de la salud.

En otra parte, las situaciones de desigualdad y pobreza generan contextos propensos a deficiencias sanitarias y que tienden a perjudicar profundamente a las poblaciones vulneradas revisadas líneas atrás. La afectación directa a la calidad de vida de las y los chihuahuenses es algo impermisible; por tanto, es necesario ofrecer a los ciudadanos una cobertura oportuna y eficiente, sin ningún tipo de distinciones sociales.

En el caso de las mujeres existe una notoria desigualdad en el acceso a la información, la atención y las prácticas sanitarias básicas, lo cual incrementa los riesgos en su salud.

Respetar los derechos de las mujeres

En la última década, Chihuahua rondó los cinco primeros lugares en índices de muerte materna en el país. Para 2014 se ubicó a Chihuahua en vigésimo octavo lugar de muerte materna en México .Los casos de mortalidad materna se concentran en los municipios de Juárez, Chihuahua, Guachochi, Batopilas y Guadalupe y Calvo.

En mujeres chihuahuenses, la mortalidad por cáncer es otro índice que requiere pronta atención. La tasa estatal de 2014 indica que, por cada cien mil mujeres mayores de 25 años, el 15.1 por ciento presentó cáncer cervicouterino. Los datos sobre el cáncer de mama son aún más alarmantes: la tasa escala al 29.9 por ciento. A ciencia cierta, el cáncer es una de las problemáticas de mayor incidencia en los casos de mortalidad femenina.

Sin embargo, no sólo las mujeres tienen necesidades específicas de acceso a la salud. Dichos servicios siguen siendo limitados para la población indígena: en 2015, el total de derechohabiencia en este sector era de 111 mil 164, cerca del 79.9 por ciento.

De dicha cifra, 80 mil 127 derechohabientes correspondían al Seguro Popular, 31 mil 37 estaban afiliados a otros servicios, 26 mil 754 no contaban con servicio médico; mil 256 no especificaron .

Estos datos, revelaron cómo la dotación del servicio de salud presenta serias deficiencias en la Sierra Tarahumara. Entre ellas destacan la limitada coordinación entre las instituciones públicas, la inadecuada distribución geográfica del servicio, la falta de medios para transportar a las personas enfermas a los centros de salud y la falta de intérpretes para la atención al público.

Las complicaciones para las y los jornaleros son muy similares. Los lugares de trabajo se ubican en zonas rurales —generalmente alejados del poblado próximo— y los centros de salud son insuficientes. Además, los centros existentes no cuentan con capacidad suficiente para cubrir la totalidad de servicios necesarios.

Se estima que la población de jornaleros inscritos en el IMSS por parte de los patrones es menor al 20 por ciento. Debemos impulsar la promoción de prestaciones, tales como pólizas de seguros, que protejan, tanto los riesgos de movilidad, como los laborales para estos grupos migrantes.

El cuidado de la salud de niñas y niños y la vigilancia de un crecimiento y desarrollo adecuado son ejes fundamentales para garantizar el bienestar a largo plazo. Para esta población, las infecciones de vías respiratorias son la causa más común de mortalidad: representan el 16 por ciento del total en los niñas y niños menores de cinco años .Si a lo anterior se suma la falta de capacitación suficiente a tutores, padres y madres de familia sobre el tema, la problemática no será erradicada fácilmente.

Estos padecimientos evolucionan de manera sencilla y desarrollan complicaciones más graves: las enfermedades en vías respiratorias se encuentran entre las primeras 10 causas de muerte en menores de cinco años. En 2015, 947 niñas y niños fallecieron antes de cumplir su primer año de vida. El mayor número de muertes ocurrió en la región Juárez, con 354 fallecimientos; pero la tasa más elevada se presentó en la Sierra: 18.9 decesos por cada mil nacidos vivos registrados. En cuanto a niñas y niños menores de cinco años, los fallecimientos alcanzaron mil 141, con una tasa estatal de 18.4 por ciento por cada mil nacimientos. El mayor número de decesos tuvo lugar en Juárez, con 405, y la mayor tasa en la Sierra, con un 27.3 por ciento reportado.

Las y los adolescentes son otro grupo prioritario que debe ser atendido en temas de salud. Las enfermedades que los aquejan afectan directamente su desarrollo pleno; éstas incluyen el consumo de alcohol y tabaco, la falta de actividad física, las relaciones sexuales sin protección y la exposición a la violencia, hábitos que ponen en riesgo su salud actual e incluso la de sus futuras hijas e hijos.

Chihuahua, cuarto lugar en embarazos adolescentes

Uno de los principales problemas estatales para este grupo es el embarazo en adolescentes. En 2016, el 26 por ciento de la tasa de mortandad materna se presentó en adolescentes de 15 a 19 años de edad .

Las drogas, un desafío de la juventud y niñez chihuahuense

Las adicciones son una fuerte problemática dentro de nuestro estado, sobre todo en un grupo vulnerado como las y los adolescentes y jóvenes. En el estado fueron encuestados 56 mil 979 estudiantes de quinto y sexto de primaria, secundaria y bachillerato. El 19.8 por ciento de los encuestados a nivel estatal reportaron una prevalencia de utilización de cualquier droga .

Las enfermedades que se presentarán en la vida adulta, serán en su mayoría consecuencia de los hábitos adquiridos en la infancia y la adolescencia. Ejemplo de ello es la transición que ha sufrido el panorama epidemiológico: de ser las enfermedades infecciosas las primeras causas de morbimortalidad, las enfermedades no transmisibles adquirieron una ventaja considerable. Tal es el caso de la diabetes mellitus, que para el año 2015 afectaba a 496 de cada 100 mil habitantes, con mayor frecuencia en edades de 60 a 64 años; actualmente, la cifra ronda los mil 531 enfermos por cada 100 mil habitantes en el mismo grupo de edad .

Es imposible ignorar las necesidades de nuestras personas adultas mayores, quienes en repetidas ocasiones sufren de abuso y maltrato incluso por parte de sus mismos familiares con base en prejuicios sobre el envejecimiento. Esto se refleja en una falta de atención prioritaria a las personas con discapacidad y adultas mayores en la prestación de servicios públicos. El total de población de adulto mayor que no cuentan con acceso a seguridad social es de 280 mil 214 personas; de ellas, 147 mil 407 son mujeres y 132 mil 807 son hombres. Un total de 18 por ciento de la población adulta mayor de 65 años no cuenta con ningún tipo de seguridad social.

En contraste, se ha avanzado en la cobertura de los servicios de salud para las personas con discapacidad. De esta población, el 83.3 por ciento ya es derechohabiente o está afiliada a algún servicio de salud. 85.1 por ciento de las mujeres con discapacidad cuentan con servicios médicos, cifra que supera por cuatro puntos los varones que presentan un 81.2 por ciento.

Los sistemas de salud deben atender situaciones asociadas con cambios sociales rápidos, condiciones de trabajo estresantes, discriminación de género, exclusión social, modos de vida poco saludables, violencia, mala salud física y violaciones de los derechos humanos. Durante el 2016, las principales causas de atención a la salud mental en unidades de atención ambulatoria fueron: depresión, con un 22.3 por ciento, y la ansiedad, con un 19.3 por ciento. Las estadísticas fueron predominantes en las jurisdicciones de Chihuahua y Juárez, que llevaron a cabo el 70 por ciento de las atenciones para estos padecimientos.

El suicidio merece una preocupante mención especial: se trata de uno de los aspectos más relevantes del rezago en salud mental de Chihuahua. El entramado de factores individuales, familiares y sociales que actualmente impactan el desarrollo integral de las personas detona la incidencia en suicidios. Existe evidencia deficiente en esta materia, así como en el total de ingresos hospitalarios por trastornos de salud mental como ansiedad, depresión, brotes psicóticos, entre tantos otros.

Un mejor registro de diagnósticos acertados podría fomentar el desarrollo de estrategias en materia de promoción, prevención y atención de la salud mental. Aunado a esto, deben incluirse estrategias para el fortalecimiento de los determinantes que favorecen la salud mental, tales como los espacios recreativos, la visibilización y concientización en materia de derechos humanos y los servicios de atención en condiciones dignas con su respectivo seguimiento.

No debemos olvidar que para atender cualquier necesidad de salud es fundamental la cobertura de infraestructura adecuada para una atención integral. En el análisis de la capacidad instalada para la atención de la salud en el estado, se reportó una población de responsabilidad de 57 municipios, que asciende a los 2 millones 386 mil 780 habitantes De acuerdo al análisis poblacional, se requiere incrementar el número de consultorios de medicina general en Chihuahua. Es menester abrir 15 nuevos consultorios para cubrir las necesidades de sus habitantes, mientras que Delicias demanda 12 consultorios .

La atención hospitalaria cuenta con 35 unidades de hospitalización y 2 mil 671 camas hospitalarias censables, lo que garantiza la atención hospitalaria a 2 millones 671 habitantes; es decir, se cuenta con un déficit de mil camas hospitalarias en el Sistema de Salud de Chihuahua. Según indicadores internacionales, debe asegurarse una cama censable por cada 850 a mil habitantes.

El 32.86 por ciento de la población no es derechohabiente de Seguridad Social: la responsabilidad de dicho sector está a cargo de la Secretaría de Salud del Estado y de IMSS PROSPERA. Existe duplicidad de afiliación en 596 mil 467 personas a la Seguridad Social. Esta doble cobertura conlleva el dispendio de recursos, pues son atendidos por dos instituciones que proveen los mismos servicios establecidos en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES). El 68.4 por ciento de la población cuenta con seguridad social; el IMSS, con un 58 por ciento, tiene el mayor número de afiliaciones.

Todo lo anterior hace tangibles las inequidades que imperan en el sistema de salud estatal. Para la presente administración existen dos retos mayores en el tema: reducir cualquier desigualdad en materia de acceso a la salud, y lograr la disminución del gasto en salud de las familias chihuahuenses.

Probablemente, la herramienta más eficaz para la reducción de la pobreza en todas sus manifestaciones sea la educación. Es el medio que garantiza la consecución de los objetivos de desarrollo de más amplio alcance. Asegurar el cumplimiento del derecho a la educación es la base para cimentar el respeto de los demás derechos humanos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha señalado las aportaciones de la educación en la vida de las personas: dota de autonomía a las mujeres y promueve la igualdad de género, mejora las posibilidades de obtener un empleo, propicia el crecimiento económico y combate el hambre. Además, desde una visión más progresista, la educación es un elemento fundamental para la solución de los problemas del medio ambiente.

Lamentablemente, a pesar de su importancia, la desigualdad en este tema sigue siendo una constante, sobre todo en poblaciones específicas. El rezago educativo en mujeres indígenas de Chihuahua fue de 35.3 por ciento de la población de 12 años o más, en comparación con el 34.9 por ciento en el caso de los hombres. Además, existe un promedio de 36.58 por ciento de mujeres indígenas mayores de 12 años que no saben leer ni escribir .

En términos de grados escolares, las cifras revelan que el 11.6 por ciento son mujeres que no cuentan con educación primaria terminada; aproximadamente un 24.9 por ciento no ha concluido la secundaria. En el caso de la educación superior, el 15 por ciento de los hombres ha aprobado algún grado a nivel superior: sólo el 11.9 por ciento de las mujeres ha logrado lo mismo .

La realidad es que el acceso a la educación no es una garantía para todos. A nivel nacional, un 46.5 por ciento de la población con discapacidad de tres a 29 años de edad asiste a la escuela, contra un 60.5 por ciento de las personas sin discapacidad .En este sentido, es relevante conocer el nivel de asistencia escolar de las personas con discapacidad, el tipo de discapacidad y nivel de escolaridad, con el afán de generar mejores condiciones de acceso a la educación para lograr la equidad en las oportunidades de los chihuahuenses.

Por otro lado, la población de personas jornaleras tiene el reto de poder brindar educación a sus hijas e hijos debido a su constante movilización. Sobre este caso, es posible otorgar el servicio en conjunto con las casas de cuidado. Hay casos como el de Sinaloa en los que las y los niños obtienen certificación de sus estudios en las regiones de movilidad agrícola, para continuar estudiando en su próximo lugar de trabajo.

Según el diagnóstico de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas obtenido de las audiencias públicas, existe un desarraigo de la educación indígena a su realidad sociocultural. La educación juega el papel de factor negativo que contribuye a la pérdida de las lenguas maternas y de usos y costumbres, lo cual provoca el alejamiento de las y los niñas y jóvenes de la vida rural.

A ello hay que añadir que los pueblos indígenas reciben una educación deficiente. Entre la población indígena de Chihuahua existen 21 mil 419 personas analfabetas —el 24.2 por ciento—, y 21 mil 56 sin instrucción —23.8 por ciento—: casi la mitad de la gente que habita los pueblos indígenas no cuenta con un grado de instrucción básico. De igual manera, 33 mil 590 personas —el 38 por ciento— cuentan sólo con educación primaria concluida .

 

De acuerdo con las publicaciones: Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras 2015-2016 (SEP), Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030 Chihuahua (CONAPO), Panorama Educativo de México 2015, e Indicadores del Sistema Educativo Nacional Educación Básica y Media Superior (INEE), es posible elaborar el siguiente diagnóstico de la educación en Chihuahua.

En términos generales, en el estado de Chihuahua existen 6 mil 971 escuelas donde estudia 1 millón 061 mil alumnos y laboran 57 mil 400 docentes (SEP).

Chihuahua ocupa la posición 30 en el país en el tema de educación preescolar: las niñas y niños entre tres y cinco años de edad que no acuden

A través de los resultados de logro educativo en las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) es posible dar cuenta de las condiciones educativas en la entidad. Para esto tomamos el porcentaje de estudiantes evaluados en el Nivel I (que se considera “insuficiente”) para cada nivel de escolaridad:

El porcentaje de estudiantes de 6° grado de primaria con logro educativo insuficiente es de 52.4 por ciento en Lenguaje y Comunicación, y de 63.9 por ciento en Matemáticas.
El porcentaje de estudiantes de 3° grado de secundaria en el mismo nivel de logro educativo es de 31.9 por ciento en Lenguaje y Comunicación, y de 68.3 por ciento en Matemáticas.
El porcentaje de estudiantes del último grado de Educación Media Superior en dicho nivel es de 41.5 por ciento en Lenguaje y Comunicación, y de 46.3 por ciento en Matemáticas.

El acceso y trayectoria de los alumnos es fundamental para asegurar una educación de calidad con equidad. De acuerdo con el documento Panorama Educativo de México 015, la tasa de matriculación para el grupo de edad de 3 a 5 años era de 59.7 por ciento entre 2014 y 2015. El contraste con la media nacional, que se colocó en 81 por ciento, se constata que en Chihuahua no se ha dado prioridad a la primera infancia, aun y cuando la educación preescolar es obligatoria desde 2002.

Para el mismo periodo, en el grupo de edad de 6 a 11 años, que cursa primaria, la tasa de matriculación fue de 98 por ciento, mientras la media nacional se estableció en 102.1 por ciento. En nivel secundaria, para estudiantes de 12 a 14 años, la tasa de matriculación fue 97.3 por ciento: poco más de un punto porcentual por encima de la media nacional que ascendió a 96.2 por ciento. A pesar de esto, la eficiencia terminal es todavía un reto pues se sitúa en 83.5 por ciento para este nivel educativo, según las cifras oficiales del INEE para el ciclo escolar 2013-2014.

En el mismo sentido, en el nivel Medio Superior para le grupo de edad de 15 a 17 años, la tasa de matriculación es en el estado se situó en 67.1 por ciento y la media nacional equivalió a 65 por ciento. Sin embargo, para el ciclo escolar 2015-2016 se reportó una deserción del 16.4 por ciento.

En suma, Chihuahua tiene el enorme reto de ofrecer educación de calidad con equidad y poner especial énfasis en la permanencia de los alumnos, así como procurar su óptima trayectoria en la educción obligatoria.
Lo anterior nos permitira tener un mayor número de chihuahuenses productivos, con una óptima y eficiente inserción en el mercado laboral.

El deporte nos solidariza, por lo cual es un elemento de unión entre seres humanos. Nos coloca a todos sobre una misma área de juego: es ahí donde demostramos nuestro esfuerzo, disciplina y entrega. En Chihuahua la educación debe atender de manera integral el desarrollo, no sólo académico–intelectual de sus estudiantes, sino también el físico y el social. La activación física y la práctica del deporte deben caminar de la mano del proceso educativo, ya que consolidan las bases de una sociedad sana.

El deporte es fuente de salud y garantía de inversión para lograr generaciones con mejores condiciones físicas, pues impulsa la formación de una ciudadanía capaz de desarrollar plenamente su potencial intelectual, permite contar con una sociedad saludable, crea vehículos de cohesión social, para lo cual la entidad deberá establecer las condiciones para facilitar la activación física de todas la sociedad en un entorno de inclusión. La cultura como Derecho Humano está incluida en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001) en su artículo 5, donde se expresa que “Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes”.

En México, la cultura está asociada a las artes y sus diferentes expresiones. De la misma manera, en Chihuahua las personas relacionan la cultura con el arte o alguna de sus disciplinas: el 18.85 por ciento de las personas encuestadas la relaciona con arte, el 5.17 por ciento con música, el 4.70 por ciento con teatro, el 4.39 por ciento con danza y el 3.72 por ciento con la artesanía. En porcentajes menores, el 3 por ciento la asocia con museos, estudios, libros, cine, diversión, esculturas, fiestas populares, artistas, escritores y maestros .

Entender la cultura en un sentido amplio y como un derecho humano implica valorarla en sus distintas dimensiones: como elemento de identidad cultural, como factor de desarrollo social, como patrimonio cultural, como fuente de creatividad y expresión artística, como bienes y servicios culturales, como apropiación del territorio, como expresión lingüística y como valor histórico. La cultura debe estar ligada al desarrollo de la persona como individuo, las sociedades como colectividad y las geografías, es decir, el estado.

Para que la cultura genere una participación activa en el desarrollo económico, social y humano de Chihuahua debemos primero entender su contexto. Con su variedad orográfica y climática, Chihuahua ha propiciado la generación de diversos procesos de producción, organización, adaptación y sobrevivencia. Contamos con la riqueza de cuatro pueblos indígenas originarios: rarámuris, pimas, guarojíos y tepehuanes, así como otros grupos étnicos que se han sumado a nuestro patrimonio cultural, como las poblaciónes menonitas y fieles mormones, así como pueblos indígenas migrantes que han llegado de otras entidades del país.

Construimos una política cultural capaz de articular las esferas del desarrollo económico, social y humano, para así conseguir una formación integral, una convivencia armónica, el fortalecimiento de nuestra identidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.




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