Diagnóstico

Los avances tecnológicos, tales como la automatización y el acceso a mercados globales vía Internet han incrementado la productividad, interconectividad y complejidad de la economía global. Sin embargo, también han generado un creciente desplazamiento tanto de mano de obra calificada como no calificada;dicho efecto se ha acentuado con los cambios potenciales en la relación con nuestro país vecino y mayor socio comercial: los Estados Unidos de Norteamérica.

Los modelos de producción y consumo en los que el desarrollo económico había encontrado soporte ya no son suficientes para enfrentar esta nueva realidad. Crear un nuevo modelo de desarrollo sustentable es el mayor reto que enfrenta el estado de Chihuahua.

Es momento de enfocarnos y tomar acciones para combatir la vulnerabilidad, el desequilibrio y la desigualdad en Chihuahua. Es preciso reconocer que sólo dos ciudades son los ejes aislados sobre los que descansa el desarrollo del estado, lo que ha limitado la participación y fortalecimiento de las demás regiones.

Los apoyos para la producción se han concentrado en la manufactura y exportación, dirigida en casi un 80 por ciento a un único destino. Incluso a nivel personal y familiar, la desigualdad es notoria en materia de educación, empleo y remuneraciones entre hombres y mujeres.

La falta de atención y fortalecimiento a otros sectores de la economía del estado han limitado la diversificación de la oferta, el desarrollo de productos y servicios locales, así como la atención de nuevos mercados. Esta carencia de pluralidad económica limita la empleabilidad de una población cada vez más preparada, que sólo encuentra opciones de trabajo en actividades que ofrecen una menor remuneración.

Del año 2003 al 2015, el PIB del estado aumentó en un 45.7 por ciento, mientras que la inversión extranjera directa (IED) creció en más de mil 200 millones de dólares; este incremento del 111 por ciento nos hace pensar que tenemos una economía más robusta y dinámica que hace 12 años.

No obstante, nuestra contribución al PIB nacional decreció, por lo cual hemos caído más de 10 posiciones en el índice de competitividad de los estados mexicanos: actualmente, ocupamos el lugar 19 de 32. Aunque hoy por hoy nos acercamos al pleno empleo con un 97.6 por ciento de la población económicamente activa ocupada, la mayoría recibe un salario menor al que debería percibir.

Tan sólo en el periodo comprendido de 2008 a 2014, las remuneraciones promedio decrecieron un 7.5 por ciento en términos reales.

El Informe sobre Desarrollo Humano en México 2016 del PNUD muestra que el factor central de pobreza y desigualdad en nuestro país son los bajos ingresos que prevalecen en un amplio sector de la población. Por lo tanto, se requieren medidas de política económica que acompañen adecuadamente las acciones de política social para contar con una estrategia efectiva de combate a la desigualdad.

Actualmente, 57.65 por ciento de las y los trabajadores en nuestro estado gana de uno a tres salarios mínimos, lo que nos ubica como entidad un 7 por ciento por debajo del salario diario promedio nacional.

Necesitamos crecer a paso firme pero, como lo muestran los datos, limitarnos a los modelos exógenos de crecimiento que hemos adoptado en los últimos años — mayormente enfocados en medir la IED que se recibe— no garantiza la reducción de la brecha de desigualdad.

La desigualdad en el ingreso está íntimamente vinculada a la desigualdad en oportunidades, misma que a su vez genera barreras para el desarrollo al debilitar el mercado interno y la estabilidad. Esto propicia el incremento en la violencia e inseguridad, lo que a su vez detona un círculo vicioso de menor inversión y disminución de la actividad económica.

Una política económica en consonancia con la política social, contribuirá a elevar las condiciones de vida de las personas, a abrir más oportunidades para el desarrollo y a generar ingresos que permitan mantener los esfuerzos hechos desde el sector público para lograr un desarrollo justo, incluyente y sustentable.

Los estudios realizados a la economía del estado —como el reporte territorial de la OCDE de 2012— han arrojado que sobrexplotar nuestras fortalezas como uno de los principales centros exportadores y de atracción de IED del país paradójicamente nos ha vuelto vulnerables a los shocks provenientes del exterior. Las crisis en los Estados Unidos se han reflejado en lustros enteros de crecimiento económico perdidos para el estado de Chihuahua.

Ahora, más que nunca, es imprescindible revisar el modelo de desarrollo y resolver una serie de desafíos endógenos para mejorar el ingreso y la calidad de vida, tales como la vertebración y fortalecimiento económico en todos los sectores y regiones, la generación y retención de talento, la igualdad de género y la reducción de la brecha en desarrollo humano de los pueblos indígenas con respecto al resto de la población.

En estos momentos, la innovación resulta imperativa: los nuevos modelos de producción y consumo cambian la dinámica de los factores de producción. Deben reposicionarse las ventajas comparativas regionales con el propósito de construir una competitividad de mayor alcance que pueda operar bajo los términos de la nueva economía en construcción. Como lo expresa el reporte global de competitividad 2016– 2017 del Foro Económico Mundial, contar con prácticas de negocios actualizadas y la inversión en innovación actualmente es tan importante para la competitividad que contar con infraestructura, habilidades y mercados eficientes.

 

Sabemos que necesitamos innovar, pero no hemos invertido en el recurso necesario

A pesar de todo, Chihuahua aún no ha apostado por la innovación. Los datos muestran que desde 2010 nos encontramos consistentemente por debajo del promedio nacional en patentes solicitadas y otorgadas. Más grave aún: en el periodo de 2011 a 2016 se observa una clara y drástica disminución del gasto gubernamental en los siguientes conceptos:

  • Gasto en servicios científicos y tecnológicos: reducción en un 90 por ciento.
  • Desarrollo tecnológico: reducción en un 19 por ciento.
  • Gasto en investigación científica: reducción en un 74 por ciento.
  • Presupuesto total para ciencia, tecnología e innovación (CTI): reducción en un 74 por ciento.

La participación del presupuesto total en 2011 para CTI en el PIB estatal fue de 0.05 por ciento, cifra que, de acuerdo a los estándares internacionales ya era sumamente baja, y que disminuyó aún más al llegar al 0.01 por ciento del PIB en 2016.

Es imprescindible un cambio de rumbo a través de la vinculación entre empresas y centros de investigación; resulta imperativo, además, asignar incentivos a empresas innovadoras que promueven la transferencia tecnológica para lograr una mayor competitividad y desarrollo regional basado en la tecnología y la innovación.

La transformación de la anterior Secretaría de Economía en la nueva Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) refleja el compromiso de esta administración para fomentar la innovación en cada uno de los tres sectores económicos; dicha medida permitirá proyectar y otorgar un lugar preponderante a Chihuahua en el contexto económico del futuro.

Resolver el desequilibrio regional — explicado en parte por las características geográficas del estado, así como por su historia económica— es otro de los grandes retos para lograr un desarrollo económico y social equilibrado.

El 75 por ciento del PIB estatal se concentra en sólo 2 de 67 municipios: Juárez (41 por ciento) y Chihuahua Capital (34 por ciento).

Un fenómeno similar aparece en términos de empleo. Juárez y Chihuahua concentran el 80.2 por ciento del empleo formal, mientras que las principales ciudades intermedias apenas llegan al 10 por ciento en conjunto —Cuauhtémoc con un 4 por ciento, Delicias con un 3.8 por ciento y Parral con un 2.5 por ciento.

Chihuahua: uno de los lugares más difíciles para abrir una empresa

En 2016, Chihuahua registró 121 mil 427 empresas, lo que equivale a 3 mil 221 empresas por cada 100 mil habitantes. Esto nos sitúa en el lugar 30 a nivel nacional en materia de empresas per cápita. Dicha situación incrementa los riesgos y vulnerabilidad de nuestra economía, que a todas luces requiere una mayor diversificación y alcance.


Necesitamos que nuestras pequeñas empresas sean más, y más fuertes

El 91.3 por ciento de las empresas en el estado son microempresas; es decir, cuentan con menos de 10 empleados. 6.9 por ciento son pequeñas —concentran de 11 a 50 empleados—, 1.3 por ciento son medianas —de 51 a 250 empleados—, y tan sólo el 0.4 por ciento son empresas grandes, con un conteo de más de 250 empleados.

El 85 por ciento de las grandes empresas del estado tienen su sede en Chihuahua y Juárez, y son en su mayoría manufactureras. La industria manufacturera de exportación (IMMEX) concentra el 85 por ciento del empleo formal manufacturero, lo que equivale al 44 por ciento del empleo formal total del estado. En un panorama económico en el que las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos están sujetas a importantes cambios potenciales, tal situación incrementa la fragilidad de la economía estatal.

Existe una necesidad imperante por mejorar el ecosistema de negocios y emprendimiento. La baja tasa de empresas en buena parte es consecuencia de que Chihuahua sea una de las entidades donde hacer negocios es más difícil —ocupamos el lugar 27 de 32 estados— de acuerdo con el Banco Mundial; en nuestro estado, la esperanza de vida de los negocios de nueva creación es potencialmente baja.

Aun y cuando tiempo atrás ocupamos los primeros tres lugares de la lista, el tiempo, costo y número de trámites para desarrollar una empresa en Chihuahua es superior al promedio nacional y de la OCDE. En materia de apertura de empresas actualmente ocupamos la posición 31 de 32, lo que demanda con urgencia la actualización de la Ley de Mejora Regulatoria, y el perfeccionamiento del acceso al financiamiento y a los sistemas de incubación de negocios.

La desigualdad entre Juárez, Chihuahua y las demás regiones del estado ocasiona una fuerte migración intraestatal. Con el tiempo, ciertas regiones comienzan a despoblarse y, sin recurso humano, pierden su potencial de desarrollo.

Sin embargo, la desigualdad regional no es un caso único. Existen otras manifestaciones no menos injustas y dañinas: la desigualdad interétnica y la desigualdad de género. La primera se relaciona íntimamente con las políticas de desarrollo social revisadas anteriormente en el eje de desarrollo humano y social, y con las dificultades de accesibilidad a algunas zonas del estado, por discutir en el eje de infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente. Tanto los factores étnicos como los relacionados con el género implican una importante disparidad en los ingresos.

El salario: una prueba de la discriminación de género

Según la OCDE, la proporción de mujeres que perciben menos del doble del salario mínimo representa un 33 por ciento más que la de los hombres en la misma situación. Asimismo, la disparidad en el ingreso promedio de las mujeres ha aumentado consistentemente desde el 2012 a la fecha, hasta llegar a un diferencial de más de 23 por ciento por debajo del ingreso promedio de los hombres.


Las actividades del sector agropecuario —en tanto es considerado el sector primario— representan el 6.2 por ciento del PIB estatal. Durante el 2015, Chihuahua ocupó el primer lugar a nivel nacional en la exportación de ganado en pie al mercado americano y en la producción de guajolote, así como el cuarto lugar en la producción de leche. Estos tres productos concentran el 94 por ciento del valor de la producción pecuaria estatal.

Dentro del sector agrícola y frutícola, Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en la producción de algodón hueso, cebolla, chile verde, alfalfa verde, avena forrajera y avena grano, maíz amarillo, manzana, nuez pecanera, pistache, y orégano.

Por otra parte, de enero a octubre de 2016 el valor de la producción agroindustrial en el estado de Chihuahua alcanzó la cantidad de 26 mil 672 millones de pesos, lo que representa una participación de cinco por ciento del PIB estatal.

Si bien este porcentaje ha disminuido en los últimos dos años, nos es posible dimensionar el enorme potencial existente para capitalizar el valor de la producción agropecuaria.

La agricultura, la ganadería, la silvicultura y la acuicultura son capaces de suministrar alimentos nutritivos para todas y todos y generar ingresos suficientes para las familias productoras, si dichas actividades son realizadas de manera sustentable.

No obstante, el área de cuidado medioambiental aún enfrenta fuertes retos respecto a la productividad, competitividad y sustentabilidad del sector. La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad de los suelos y el uso insostenible del agua disminuyen la productividad y capacidad de nuestros recursos para suministrar alimentos.

El 50 por ciento de la superficie sembrada durante el año de cultivos cíclicos y perennes se lleva a cabo bajo la modalidad de riego, mientras que el otro 50 por ciento se produce a través del temporal. El 92 por ciento del valor de la producción agrícola fue proveniente de las tierras de riego, en contraste con un ocho por ciento de la producción por temporal. Es decir, cada hectárea tratada bajo el sistema de riego produce 55.6 pesos promedio, mientras que la de temporal llega a la mínima cantidad de 4.5 pesos.

 

Todavía en la actualidad impera una falta de conciencia, capacitación y modernización en los procesos productivos; prevalecen las prácticas no sustentables en el uso de pastizales y agua. Esto ha provocado el deterioro del pasto y, por consiguiente, un rápido escurrimiento de las aguas pluviales.

La degradación del suelo reduce el índice de pariciones, aumenta la necesidad de superficie por animal —menor productividad— y disminuye la filtración de agua. En el sector forestal, sólo 28 mil 972 hectáreas están protegidas para garantizar la provisión de servicios ambientales hidrológicos, que además no cuentan con los mecanismos óptimos de pago.

 

La seguridad alimentaria depende del uso racional del agua

Es necesario incrementar el aprovechamiento y el ordenamiento sustentable del agua para fortalecer el consumo humano, las zonas rurales y/o los proyectos de seguridad alimentaria. Esta situación nos obliga a tomar en cuenta datos como la huella hídrica —cantidad de agua utilizada en el proceso de producción de cierto bien— al momento de realizar la planeación productiva de Chihuahua. Es decir, habrá que fomentar productos que no comprometan los recursos hídricos del estado y sean rentables para los mismos productores.

 

Reconversión productiva con mayor valor agregado, tecnología y diversificación

Al igual que en la actividad industrial del estado, los productores del campo necesitan del fomento a la diversificación de mercados, con tal de colocar la producción local a precios justos en nuevas plazas nacionales e internacionales. Actualmente el comercio de los productos agropecuarios más importantes se lleva a cabo casi exclusivamente en Estados Unidos. El 99.7 por ciento del chile verde y el 80 por ciento de la nuez pecanera se comercializa al país vecino.

Se desaprovechan oportunidades como la del algodón hueso, con un mercado potencial pero inexplorado en Corea del Sur, China, Italia y Japón, los principales países importadores de este insumo industrial.

La solución no está exclusivamente en la participación en más ferias o eventos para promoción y difusión de los productos y subproductos del sector agropecuario. Si se favorecen los mecanismos de certificación, así como la inversión en calidad, sanidad, trazabilidad e inocuidad, ampliaremos el alcance y valor de nuestros productos.

Lo mismo ocurre en el caso de los bovinos para la producción de carne y el sector lechero. En el primer estrato es fundamental avanzar en materia de estatus sanitario, lo cual permite y facilita la exportación. En cuanto al segundo caso, la infraestructura insuficiente y obsoleta, los servicios financieros inaccesibles y la falta de promoción y comercialización de los derivados de la leche han limitado el crecimiento, la competitividad y la elaboración de productos de mayor valor para el sector.

Por esto, en aquellas zonas donde la producción se ha visto minimizada o existe un insuficiente valor agregado, se vuelve fundamental continuar con la investigación aplicada y el análisis de reconversión productiva, actividades que no se han aprovechado de manera óptima. Este es el caso del potencial para la producción apícola, la explotación de especies menores y el aprovechamiento forestal más allá de la simple extracción.

Para que estas acciones maximicen su beneficio, deben acompañarse de la modernización de técnicas y equipo tecnológico, pues el utilizado hasta el momento es obsoleto y no responde a las nuevas necesidades. Es imperativo mejorar las vías de comunicación, facilitar el acceso a fuentes de financiamiento e instrumentos de manejo del riesgo, así como seguir reduciendo las barreras que enfrentan las mujeres que quieren participar activamente en el sector rural.

Por otra parte, en 33 de los 67 municipios del estado existen al menos 78 poblados con un número importante de pequeños productores y pueblos originarios que tienen la posesión y el usufructo de la tierra que trabajan y, sin embargo, no cuentan con un título de propiedad. Esto evita el acceso financiamiento y programas gubernamentales, así como la disposición legal y ordenada de su patrimonio. Sin un marco legislativo que regularice la tenencia de la tierra, las talas ilegales y el robo de ganado, es imposible pensar en una mejoría para nuestro sector primario.

Chihuahua ocupa el tercer lugar en materia de producción minera en el país: aporta el 11 por ciento del valor de la producción nacional, lo que representa el 2.7 por ciento del PIB estatal. El sector contribuye con 15 mil 86 empleos directos y cerca de 100 mil indirectos. La participación de las mujeres en este sector se ha incrementado considerablemente, pasando de un 4 por ciento en 2009 a un 18 por ciento en 2016, según INEGI y los datos aportados por el Clúster Minero.

Actualmente, 20 de los 67 municipios del estado registran actividad minera, lo cual genera un posible impacto importante para el desarrollo social y económico de estas comunidades. La pequeña minería es la base para la consolidación de los proyectos a gran escala, que son a su vez generadores de empleos e infraestructura en zonas marginadas con pocas alternativas de desarrollo.

La minería tiene la capacidad de convertirse en un factor de crecimiento regional y arraigo de la población en sus lugares de origen. Su desarrollo puede ser promovido, siempre y cuando sea responsable frente al impacto social y medioambiental, con el fin de prevenir círculos de agotamiento de los recursos naturales y resurgimiento de la pobreza.

El Índice de Competitividad Estatal del IMCO, dentro del subíndice de Manejo sustentable del medio ambiente aporta información relevante sobre los retos en materia de energía. En 2010 el estado ocupaba la posición 23 de los 32 estados en este subíndice, y para 2014 cayó hasta la posición 31 impactado especialmente en los renglones de muerte infantil por enfermedades respiratorias, generación de residuos y limitada existencia de energías alternativas.

El cambio climático, sus consecuencias y la variabilidad en los precios de los combustibles fósiles, nos llevan a priorizar los retos en el tema. Se trata de alinearse con los objetivos mundiales para el desarrollo sostenible, así como con las oportunidades en el marco de la reforma energética que ahora permite la existencia de un mercado secundario de comercialización

Chihuahua buscará específicamente el desarrollo de proyectos de energías renovables, innovadoras, porque son éstas las industrias energéticas del futuro, requieren un menor consumo de agua y tienen un menor impacto ambiental y social. En este sentido, es importante resaltar el potencial que el estado tiene para el aprovechamiento de energía eólica, biocombustibles, mini hidroeléctrica, pero sobre todo de energía solar. México está en el top cinco de países más atractivos para invertir en proyectos de energía solar, incluso por arriba de Israel y Suiza. Chihuahua ya lidera en este aspecto estando en el segundo lugar a nivel nacional.

 

Chihuahua: uno de los índices de radiación solar más altos del país.

Es notable el potencial que se tiene para la energía solar ya que el estado cuenta con uno de los índices de irradiación diaria solar más altos del país, con un promedio que va desde 5.4 kWh/m2 hasta 6.27 kWh/m2.

Hay datos que señalan que si se colocaran paneles solares con eficiencia del 15 por ciento en 25 kilómetros cuadrados en el desierto de Chihuahua, esto podría satisfacer las necesidades energéticas de todo México.

Por ello se ha creado el área especializada en energía dentro de la SIDE (Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico) con el fin de aprovechar las oportunidades del sector y promover el uso eficiente y rentable de energía.

Chihuahua mirará no sólo hacia experiencias internacionales exitosas en materia de energías renovables, también debe inspirarse en experiencias nacionales de otros estados que incluso tienen un índice de desarrollo humano más bajo.

Por ejemplo, en Oaxaca, algunas compañías de energía en asociación con el Gobierno han implementado programas de integración de la población vulnerable al mercado laboral energético. Seleccionaron mujeres analfabetas para ser capacitadas en India como ingenieras solares y ellas aprendieron a instalar y reparar paneles solares. El Gobierno de Chihuahua buscará proyectos de colaboración de este tipo, que incluyan a las comunidades más vulnerables en el pleno respeto de sus derechos humanos y potenciando su capacidad de aportación al desarrollo del estado. Así mismo, impulsará mecanismos de colaboración con las universidades estatales para fortalecer los programas de estudio e investigación en estas áreas.

En Chihuahua, el sector de la industria de la trasformación representa el 38.3 por ciento del valor total del PIB estatal, incluyendo actividades como la manufactura, la agroindustria y la industria de la construcción.


 

Los retos y oportunidades de la inversión extranjera manufacturera

Es importante reconocer la indiscutible relevancia que ha tenido la IMMEX como generador de empleo formal en el estado, lo cual ha abonado a mejorar el acceso a la seguridad social de un gran porcentaje de la población. Todo ello ha contribuido a que Chihuahua sea considerado el estado con menor tasa de informalidad. Se estima que al menos el 35 por ciento de los empleos en el sector secundario provienen de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Tan sólo en 2016, de los 29 mil 622 nuevos empleos el 58 por ciento estaba vinculado a la industria manufacturera.

El empresariado local, proveedores directos e indirectos de la IMMEX, han limitado sus acciones al suministro de productos y servicios como como la renta de bienes inmuebles, seguridad, limpieza, papelería, entre otros; su participación dentro de la proveeduría de la producción es escasa, o casi nula. Se considera que una de las causas del desprendimiento de las cadenas de valor se centra en las carencias en materia de transferencia de tecnología y fuentes de financiamiento.

Lo anterior ha llevado al estado a un estancamiento de la inversión local, así como un mercado interno débil. Ante tal problemática, resulta urgente generar un programa que aporte un verdadero impulso al desarrollo de proveeduría local, que apoye a las IMMEX de forma competitiva y con alto valor; todo esto mediante un Clúster de Empresas Globales Emergentes que se especialice en brindar orientación y sentido a la integración horizontal y vertical en procesos productivos y estratégicos, en áreas tales como la metalmecánica, la inyección de plásticos, la impresión en 3D y la biotecnología, entre otros.

El sector terciario en el estado contribuye con el 54 por ciento del empleo y el 55.5 por ciento del PIB estatal. Históricamente, se trata del sector con tasas más altas de crecimiento en la economía de los países de la OCDE. No obstante, la atención que se le otorga desde las políticas públicas estatales es mucho menor a la de los otros dos rubros.

Dentro de este sector se han considerado las aportaciones que hacen el turismo y el comercio al PIB estatal, el primero con un 4.4 por ciento y el segundo con un 15.8 por ciento, y que cuentan con programas y áreas específicas de atención. El 35.3 por ciento restante del PIB estatal proviene de otros servicios para los que tradicionalmente no se cuenta con áreas o programas específicos de fortalecimiento y desarrollo económico en la administración pública estatal; tal es el caso de los servicios financieros y/o logísticos, de tecnologías de la información y comunicaciones, informativos, relacionados con el cuidado a la salud, inmobiliarios, culturales, científicos, legales, etcétera, y en los que usualmente se ocupan un mayor número de técnicos y profesionistas especializados.

Actualmente, la cifra más grande de empresas en el sector terciario del Estado corresponde al comercio al menudeo. De las 120 mil 662 unidades económicas existentes en todo el Estado para todos los sectores, cerca del 40 por ciento corresponde a microempresas de comercio al por menor.

En contraste con los sectores primario y secundario, el sector terciario obtiene una mayor contribución de los servicios laborales que de los servicios de capital; es decir, capitaliza mejor el talento que la inversión en bienes productivos. A partir de estas divergencias es posible observar con más claridad el problema estructural de empleo en Chihuahua. Mientras el sector secundario presenta alta demanda de trabajo poco calificado, hay un alto porcentaje de jóvenes profesionistas que no encuentran empleo y se ven en la obligación de migrar a otras entidades del país.

Las principales poblaciones afectadas por el desempleo son las y los jóvenes y las personas adultas jóvenes, que representan un 33.6 y 49 por ciento de los desempleados, respectivamente.


Se han abierto más aulas que empleos

El asunto más grave es que, a final de cuentas, dejamos escapar nuestro talento. Al cuarto trimestre de 2016, el 35.1 por ciento de las personas desempleadas en el estado contaban con una formación académica que va desde nivel medio superior y superior, hasta posgrado.

Desgraciadamente este fenómeno ha prevalecido por más de 15 años, aún en épocas con altos niveles de desempleo. Es importante contar con una estrategia integral de desarrollo intersectorial que permita no sólo desarrollar, sino retener y atraer talento.

No debe fomentarse únicamente que los jóvenes asistan a la universidad, sino que debe apoyárseles para que asistan a la universidad o a institutos técnicostecnológicos para cursar grados que vayan de acuerdo a las necesidades económicas y de desarrollo del estado. La meta no es que todos los jóvenes asistan a la universidad, sino que todos los jóvenes tengan acceso a una capacitación profesional (universitaria o no) que les permita conseguir empleo con un salario digno, y esto sólo se logrará si hay coherencia entre la política educativa y la política económica y de desarrollo del estado.

Al haber una política pública bien enfocada y una buena implementación que pone en práctica las regulaciones de cuidado ambiental y la participación de la sociedad civil, el turismo puede convertirse en un medio eficaz para reducir la pobreza y la marginación. No sólo provee de fuentes de empleo, sino que fomenta la renovación y cuidado de áreas urbanas, así como la conservación y promoción del patrimonio cultural y natural.

El turismo recibido en el estado linda los 6 millones de visitantes anuales; de los mismos, el 85 por ciento es nacional y el 15 por ciento proviene del extranjero. Las y los visitantes se concentran 42.2 por ciento en Ciudad Juárez y el 22.4 por ciento en Chihuahua, con un promedio de estadía de 1.8 días.

Se espera que la conclusión del aeropuerto de Creel represente un fuerte detonador del turismo en la zona serrana. De la misma manera, con dicho proyecto se busca que aumente significativamente la derrama económica para esta región de estado y se incremente a su vez la estadía y ocupación promedio de los visitantes. El turismo debe promoverse de manera equitativa en todo el estado, para hacer posible una derrama turística en más regiones, sin que ello signifique violentar la diversidad cultural y ecológica, de forma que todos los beneficios se queden en la misma región.

La pérdida de competitividad del estado frente a otras regiones, los grandes cambios políticos y tecnológicos actuales, y la discrepancia entre salarios y PIB son prueba de la urgente necesidad de desarrollar un nuevo modelo económico. El nuevo plan, si bien no debe descuidar a la industria maquiladora, debe enfocarse en fortalecer —através de la innovación y el desarrollo de talento— las capacidades de las y los chihuahuenses y las empresas pertenecientes a los tres sectores que estén establecidas en la región, para que puedan colocar sus productos tanto en el mercado interno como en otras regiones del mundo en un ambiente competitivo.

Resulta ineludible mejorar los niveles de competitividad de Ciudad Juárez y Chihuahua; pero sobre todo, es necesario impulsar el desarrollo de las demás ciudades y regiones de la entidad, potencializando vocación productiva para evitar la migración y el abandono de poblaciones. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el tejido económico del estado; por lo tanto, se propone crear políticas públicas que incentiven su crecimiento a través de mejor financiamiento, adopción de nuevas tecnologías, incorporación de certificaciones y mejores prácticas.

Hoy, más que nunca, precisamos dejar atrás el modelo centrado en el desarrollo exógeno, que busca que la mayor parte de las soluciones y el empleo vengan del exterior. Hay que comenzar la transición a un modelo endógeno, que nos fortalezca desde el interior para capitalizar el valor de nuestra creatividad y talento con competitividad. Un modelo en el que, más allá de promocionar mano de obra barata con salarios precarios, promovamos productos y servicios atractivos y competitivos que permitan mejorar los ingresos de la población. Migremos de un modelo donde el 80 por ciento de las exportaciones se realizan en un solo sector, provienen de una sola ciudad, y se dirigen a un mismo país: caminemos rumbo a un modelo incluyente y diversificado, que transforme nuestra actual fragilidad estratégica en resiliencia. Trabajemos para tener una economía renovada, donde la riqueza que generamos juntos sea mejor distribuida en cada ciudad y sector; un modelo donde juntos tengamos mayores oportunidades para crecer.

 



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