Diagnóstico

En los últimos años, la población chihuahuense ha carecido de un gobierno con capacidad de resolver integralmente los problemas que atañen a la sociedad. Durante años se permitió la proliferación de la corrupción, el desorden administrativo, la exclusión de la participación ciudadana, la falta de transparencia y el estancamiento democrático. La consecuencia más preocupante es la profunda separación entre el Gobierno y las y los ciudadanos.

El servicio público ha sido sinónimo de corrupción

El 52.5 por ciento de la población piensa que el problema más importante que enfrenta el Estado es la corrupción. En 2015, Chihuahua ocupó el tercer lugar en incidencia de corrupción: se registraron 36 mil 472 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Además, la tasa de población que estuvo en contacto con alguna persona del funcionariado público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 17 mil 621 por cada 100 mil habitantes. No es extraño entonces que los chihuahuenses manifiesten hartazgo hacia la clase política.

Esta situación es insostenible. Cada vez es más grande la necesidad de modificar la manera de gobernar, y desarrollar un nuevo modelo donde el bienestar de la población sea el centro. Para esto, se requiere la coordinación del Ejecutivo con los demás poderes, organismos y partidos políticos, siempre en un plano de autonomía y colaboración para reformar el orden político en nuestra entidad.

En este sentido , existe un compromiso de gobierno responsable enfocado en generar valor público : un gobierno democrático, ciudadanizado, transparente y sujeto a la rendición de cuentas. La tarea no es sencilla, pues requiere la identificación de los problemas que dan origen a otros, así como aquellos que son verdaderos obstáculos para la solución de las problemáticas sociales. Sin embargo, esta labor debe ser prioritaria en la agenda del Gobierno actual.


Por esta razón se impulsará una profunda reforma de nuestro sistema, en donde la participación ciudadana fortalezca las acciones de gobierno y sea el garante de su equilibrio. Esto generará certeza y tranquilidad jurídica para las y los chihuahuenses pues, desde el inicio de la división de poderes, se trabajará en la actualización del marco jurídico vigente.


Para que esto suceda, serán necesarias varias modificaciones que han sido identificadas y que requieren una reforma constitucional. Estas responden a la necesidad de un Gobierno abierto, en el que la ciudadanía pueda vincularse de manera proactiva con los organismos gubernamentales en la creación de políticas públicas, la mejora de los servicios públicos y la conducción del quehacer gubernamental de manera colaborativa. Por ello, una de las primeras acciones consistió en crear la Coordinación de Gobierno Abierto, que actuará de manera transversal en toda la administración del Estado para crear los mecanismos de implementación de un sistema completo.


Este mismo espíritu nos lleva a promover la creación de cabildos abiertos, para que la población tenga una participación directa en todos aquellos asuntos de interés para su municipio.


En otras palabras, se requiere una reforma del poder que atienda la naturaleza cambiante de la sociedad, y que habilite un nuevo orden político capaz de atender las vulnerabilidades de la comunidad.



 

La coordinación entre poderes debe constituir uno de los pilares fundamentales del estado de derecho. La clara delimitación de facultades de cada órgano de gobierno permite que las funciones del Estado se encuentren debidamente distribuidas bajo un esquema de especialización de atribuciones. Este sistema de pesos y contrapesos genera una sinergia que se materializa en límites en la actuación de cada poder, y elimina la posibilidad de actos autoritarios o de imposición.

 

Uno de los problemas identificados es la falta de promoción y acciones concretas enfocadas al cumplimiento de las leyes. Ante la poca importancia que se ha dado a la formación de una ciudadanía responsable y apegada a la ley, la sociedad ha adoptado la inobservancia como una manera de demostrar su inconformidad con las acciones del Gobierno.

Un ejemplo claro de las estrategias incompletas en este tema es la promoción de la cultura de la legalidad que se ha enfocado a la niñez y la población adolescente. A pesar de que los eventos deportivos y culturales han sido los más socorridos para esto, las acciones han sido desarticuladas y se han acotado únicamente a 23 de los 67 municipios del estado.

Para que las estrategias en esta materia sean eficientes, se requieren procesos de diagnóstico, enseñanza y difusión para toda la población del estado.
Este compromiso de acción conforme a la ley es, en primer lugar, de observancia para los servidores públicos, no sólo con apego a la normativa, sino en beneficio de las personas. Para lograr lo anterior, se ha creado el Código de Ética del Gobierno del Estado de Chihuahua, que define los principios éticos que guiarán el actuar de los funcionarios. Su publicación debe estar acompañada de mecanismos de fomento a su cumplimiento para asegurar su observancia diaria.

Sin embargo, es necesario ir más atrás y certificar que el Estado cuenta con un marco normativo adecuado a las necesidades de la población. En otras palabras, se requiere que las normas y leyes sean vigentes, positivas, armónicas, respetuosas de los derechos humanos y se centren en la atención de los planteamientos sociales.

La política pública adecuada para los pueblos indígenas es inexistente; por lo tanto, es un tema urgente para el Gobierno del Estado. Para ello se debe trabajar desde un enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, donde se garantice el derecho a la consulta y su participación de acuerdo a sus usos y costumbres. Asimismo, la política pública en materia de pueblos indígenas debe tener solidez legal y basarse en los estándares internacionales vigentes en nuestro país. Esto necesariamente requiere de una armonización legislativa de las leyes estatales con los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios y tratados internacionales vigentes en México y las declaraciones sobre derechos de los pueblos Indígenas de la ONU y OEA, así como los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESCA). Es necesario que se lleve a cabo una reforma integral, con la finalidad de garantizar el pleno reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas en la entidad, mediante un amplio proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas y la sociedad chihuahuense.

Por lo tanto, el impulso a los procesos de consentimiento previo, libre e informado, así como la armonización legislativa, deben ser compromisos que este Gobierno asuma como parte de una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas, a favor del pago de una deuda histórica e ineludible. Estas reformas deben caracterizarse por su integralidad, transversalidad e interculturalidad.

El fortalecimiento institucional será coordinado por la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, quien deberá iniciar con un proceso de diálogo y consulta que concluya en la elaboración de las iniciativas de reforma constitucional y legal, y su posterior envío al H. Congreso del Estado. Una vez aprobadas, se procederá a la implementación de las reformas.

Estas graves exclusiones sociales son el reflejo de la ineficacia de los instrumentos por medio de los cuales la sociedad puede formar parte de las acciones de gobierno. Es decir: se ha generado un escenario en el que la poca participación ciudadana representa un problema serio en el estado. Si bien existe el Consejo de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, ninguna de sus atribuciones es de carácter imperativo.

Se requiere una mayor atención y claridad en cuanto al sentir ciudadano, ya que la poca vinculación para con los sectores sociales y la falta de espacios de comunicación han ocasionado el surgimiento de conflictos mayores. En el estado se atienden en promedio 50 conflictos políticos, sociales y económicos que, con una adecuada atención y solución, pudieron haber sido evitados. Es por eso que se requiere contar con funcionarios capacitados en temas de mediación y cultura de la paz.

Bajo la premisa de atención ciudadana rápida y eficiente, es necesario replantear los procesos que permitan elevar la calidad en la prestación de los servicios públicos. Es claro que el acceso a los servicios es un punto de referencia clave de la percepción ciudadana sobre el desempeño de la administración pública.

Facilitar la información y mejorar los trámites

En el estado de Chihuahua, el 86.1 por ciento de las personas que realizaron un trámite se enfrentaron a algún tipo de barrera o dificultad, mientras que el 32 por ciento tuvo problemas de asimetría de la información . Estas cifras evidencian un serio problema en los procesos de trámites y servicios.

Este modelo obsoleto de gobierno no puede ser reformado sin la existencia de instituciones autónomas, responsables de vigilar y sancionar los delitos relacionados con actos de corrupción. A través de dichas instituciones, se debe lograr un control más eficaz sobre las licitaciones y contrataciones. En 2015, de la meta anual programada de 880 eventos, solo 211 fueron revisados: es decir, apenas el 23.98 por ciento de los mismos. Si bien, a nivel nacional se ha puesto en marcha la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, es un imperativo legal la creación del mismo a nivel estatal, alineado a las mejoras prácticas en la materia y que evite errores cometidos en el pasado.

Acceso a la información: una herramienta necesaria para la ciudadanía

Chihuahua ocupa el séptimo lugar nacional en el tema de acceso a la información, con una calificación de 6.7 en escala del cero al 10.

La información debe estar al servicio de las y los chihuahuenses; por ello, es importante promover su accesibilidad, confiabilidad, además de promover que la misma sea verificable, veraz, oportuna y que atienda las necesidades de los solicitantes. Implementar esta política de transparencia puede garantizar que las decisiones asumidas por el Gobierno del Estado vayan de acuerdo con los principios democráticos de responsabilidad, publicidad e inclusión en la agenda gubernamental.
Dado el compromiso existente de abrir las instituciones públicas a la sociedad y al escrutinio público, la política de transparencia requiere de funcionarios que conozcan y respeten el derecho al acceso a la información. Este es un mecanismo de comunicación entre Gobierno y sociedad que además permite y fomenta la efectiva rendición de cuentas.

Padrón único de beneficiarios: Un antídoto contra la duplicidad de acciones y dispersión de recursos

La falta de un padrón único de beneficiarios pertinente y homogé-neo que concentre la información, limita el seguimiento, control y evaluación de la efectividad de la acción pública. Esta situación abre la puerta a casos de duplicidad en la asignación de recursos públicos.

De contar con el padrón, sería posible identificar concurrencias potenciales entre programas, proyectos y apoyos de las distintas dependencias y niveles de gobierno, lo que favorecería su alcance, equidad y eficacia. De la misma manera, el padrón único promueve la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas previniendo la discrecionalidad y evitando las desviaciones de recursos. Además, aprovecha las tecnologías de la información y comunicaciones para mejorar el intercambio de datos.


La paz y estabilidad son obligaciones básicas de un gobierno responsable. En dicha materia, se ha detectado un área de oportunidad importante en cuanto a la manera en que las condiciones laborales generan estas circunstancias sociales. Algunos datos importantes en materia son los siguientes:


En 2016, el porcentaje de demandas terminadas disminuyó drásticamente al 54 por ciento con respecto a las demandas registradas en 2012, año en que el 78 por ciento de las demandas laborales registradas fueron cerradas.


De las 70 mil 659 demandas vigentes en el sexenio anterior, se resolvieron un total de 48 mil 226. De las mismas, un 66.67 por ciento se cerró mediante la conciliación entre partes, mientras que el 34.08 por ciento restante se concluyó por dictaminación de laudo.


De 2015 a 2016, en la ciudad de Chihuahua se emitieron 2 mil 538 laudos, de los cuales un 36.44 por ciento fueron recurridos por la vía de amparo directo.


Se observa una baja en la calidad de los laudos emitidos, al pasar de un porcentaje de amparos directos sobre éstos, de 33.55 por ciento en 2015, al 41.68 porciento en 2016.

Trabajo infantil: un reto para Chihuahua

Chihuahua registra 42 mil 760 niños entre 5 y 17 años de edad que laboran en ocupaciones no permitidas .

El departamento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ofrece el servicio gratuito de asesoría y representación legal para los trabajadores. En los últimos seis años, la ciudad de Chihuahua atendió 2 mil 354 casos, el mayor número registrado.


Para tratar dichas situaciones, es necesario armonizar las relaciones entre los factores de la producción y vigilar el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo. Se debe priorizar que los trabajadores y patrones puedan resolver sus conflictos laborales con prontitud y eficiencia, para contribuir a la disminución del litigio laboral en el estado de Chihuahua. Para esto, es necesario el uso de esquemas alternativos en materia de prevención de conflictos laborales y procedimientos de justicia que permitan la conciliación entre las partes.


No debemos olvidar que la base de la organización política son los municipios, y su fortalecimiento es trascendental para garantizar un funcionamiento integral y eficiente del sistema político de nuestra entidad. El apoyo de los ayuntamientos puede articularse en el robustecimiento de áreas específicas: finanzas, planeación, profesionalización y normatividad.


Los municipios han reflejado la tendencia estatal y federal, en donde las finanzas han sido fuertemente comprometidas con el paso de los años. Esta tendencia se deriva de la cultura de no cobro por parte de los gobiernos municipales, combinada con una cultura de no pago por parte de la ciudadanía.

Casi la tercera parte de los municipios no tienen ingresos propios

De los 67 municipios, prácticamente 20 carecen de autonomía financiera, ya que el ingreso propio no rebasa el cinco por ciento del total de sus ingresos. Los ayuntamientos en estas condiciones se encuentran muy por debajo del promedio requerido —55 por ciento—.

Las finanzas municipales también se han visto afectadas en el tema catastral: la mayoría no cuenta con áreas especializadas en materia. Esta carencia ocasiona una deficiencia y escasez de herramientas que contribuyan a ordenar el crecimiento urbano de manera sustentable, además de que los Gobiernos municipales dejen de obtener ingresos propios, principalmente en el cobro del impuesto predial y los derechos derivados de la enajenación de bienes inmuebles o traslación de dominio.

Sin embargo, la eficiencia de las finanzas municipales no depende exclusivamente de la recaudación, sino de la planeación de su ejercicio. Los Gobiernos municipales no han iniciado formalmente el proceso de migración al Presupuesto basado en Resultados (PbR), a pesar de que la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Contabilidad Gubernamental y Responsabilidad Hacendaria indican que en 2018 el presupuesto deberá ser presentado bajo dicho modelo. Por lo tanto, es necesario apoyar a los Gobiernos municipales en el proceso de migración al mismo, que contribuirá a mejorar tanto las finanzas municipales como la operación y la administración municipal.

De acuerdo a un censo levantado en los Gobiernos municipales del estado de Chihuahua, se identificó que los Gobiernos municipales pequeños y medianos no realizan Programas Operativos Anuales (POAS). Esta situación agrava su capacidad de programación y ejecución de recursos, pues no se cuenta con un andamiaje institucional robusto que permita cumplir con los requerimientos y necesidades la ciudadanía. De esta manera se abandona la operación gubernamental a discreción del Presidente Municipal y el funcionariado.

Es necesaria la profesionalización de las y los funcionarios municipales; actualmente no se cuenta con un programa institucional permanente para ello, y mucho menos con un modelo de certificación de competencias de funcionariado público municipal. Eventualmente será necesario contar con un sistema profesional de carrera a nivel municipal.

Es importante reforzar la actualización y creación de reglamentos municipales, pues en la actualidad no se tiene la información exacta sobre el estatus y vigencia del marco normativo en los gobiernos municipales, sobre todo en municipios pequeños y medianos.

La situación financiera que enfrenta esta nueva administración es bastante compleja por varios factores. Por un lado, la debilidad estructural de las finanzas públicas reflejada en los déficits fiscales que ha presentado de manera recurrente en los últimos años, derivada de los gastos efectuados en el magisterio, seguridad pública y procuración de justicia, y pensiones civiles. Por otro lado, el incremento en la deuda pública y, por ende, los costos financieros asociados a ella, generan presiones adicionales en la hacienda pública que disminuyen el margen de maniobra a mediano plazo.

Por tanto, uno de los principales retos con que arranca esta administración es la viabilidad financiera de Pensiones Civiles del Estado, pues dicha institución enfrenta retos coyunturales y estructurales. Existe un adeudo de los organismos afiliados por concepto de las aportaciones y retenciones vinculadas al Sistema de Pensiones y Servicio Médico que equivale aproximadamente a mil 500 millones de pesos. Como consecuencia, la institución ha atravesado por problemas para enfrentar sus pasivos respecto a la operación del mismo.

En lo que respecta al reto estructural, el marco normativo que rige su actuación no ha sido actualizado conforme a los requerimientos del organismo ni a las nuevas exigencias del sistema jurídico del país. Es necesario actualizar los instrumentos legales a fin de darles mayor precisión con criterios de actuación claros.

No obstante, para enfrentar dicha situación se recurrirá principalmente a los ingresos propios, pues son un pilar importante para el sostenimiento de las finanzas públicas y la reducción del déficit fiscal. Dichos ingresos, provenientes del Estado, representaron en 2016 un 24 por ciento del total de ingresos, posicionándose como referente a nivel nacional. En tanto, las transferencias federales —tales como participaciones, aportaciones y convenios— significaron un 75.6 por ciento del total de ingresos.

Asimismo, los ingresos de libre disposición (ILD) han tenido un comportamiento favorable en los últimos siete años, en los que registraron una tasa media de crecimiento de 6.8 por ciento. Esto es consecuencia del próspero desempeño que han mostrado el impuesto sobre nómina, el derecho vehicular, los derechos por uso de carreteras de cuota, entre otros.

En lo que respecta a los ingresos propios, se cuenta con una capacidad instalada en casi todos los municipios de la entidad para recibir todas las contribuciones estatales. No obstante, es prioridad para esta administración mejorar la calidad en la atención a las y los contribuyentes, y migrar el recaudo a los diferentes medios alternos de pago para reducir el costo por el cobro de contribuciones.

De tal manera, se aumentará la presencia fiscal, con la finalidad de evitar esquemas agresivos de evasión fiscal y fortalecer el intercambio de información entre Estado y Federación. Con esto se incorpora información de signos externos de riqueza e información financiera a los procesos de análisis y generación de perfiles, para tener actos de fiscalización asertivos, con el objetivo de generar mayores ingresos para el Estado.


De igual manera, el ejecutivo estatal pretende modificar el marco jurídico fiscal vigente para lograr una simplificación fiscal. Esto significa una mayor eficiencia en el sistema tributario estatal, y mayor certeza jurídica para las y los contribuyentes. Además, se pretenden presentar modificaciones legales para cambiar el trato hacendario del Estado con sus municipios, con el objetivo de crear un Sistema Hacendario Estatal.


En materia presupuestal, no sólo es prioritario dedicar recursos a obras públicas que contribuyan al desarrollo económico o al desarrollo social, sino que el Estado debe destinar parte del presupuesto a subsanar la deuda pública.


El déficit registrado es de 13 por ciento respecto al nivel de ingresos estimados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017, por lo que esta administración pretende eliminarlo y lograr un balance presupuestal en el año 2021 de acuerdo a las estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.


Adicional al fortalecimiento de los ingresos propios, esta administración utilizará la reducción del gasto público —principalmente en el gasto corriente y el gasto de operación—como herramienta de política económica para lograr el balance presupuestario.

Chihuahua, un estado muy endeudado

Hasta septiembre de 2016, la deuda estatal equivalía a 49 mil 684.84 millones de pesos, que representa el 9.82 por ciento del PIB estatal. Chihuahua es el Estado con mayor deuda en relación a su PIB, el segundo con mayor deuda por habitante y el tercero en el monto absoluto de su deuda. Adicional a la misma, el estado reporta un déficit presupuestal con proveedores y organismos estatales y federales, el cual asciende a más de 8 mil 411 millones de pesos .

Crear un gobierno austero, pero eficiente

A inicios de 2017, el Gobierno del Estado publicó el acuerdo por el que se implementarán las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua.

El mismo propone al Congreso del Estado autorizar la desincorporación de la Casa de Gobierno, la oficina alterna del Gobernador del Estado y distintos bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Chihuahua para objeto de venta. De igual manera, se ordenó la venta de la flota aérea y 500 vehículos de uso no sustantivo propiedad del Gobierno del Estado a través de una subasta pública. El acuerdo detalla la supresión de distintos gastos de operación como celulares, facturas de restaurantes, gastos de representación, entre otros, con el fin de reorientar los recursos presupuestales hacia los ejes prioritarios de esta administración.

 


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