Diagnóstico

El estado de Chihuahua cuenta con características peculiares que impactan directamente en la construcción de infraestructura para dotar de servicios a sus habitantes. Para que la inversión realizada en este rubro sea funcional, debemos considerar tres factores importantes. Primero que nada, Chihuahua es la entidad con mayor extensión territorial del país y comprende una complicada geografía compuesta por cadenas montañosas, llanuras y desiertos. En segundo lugar, habitamos un estado que, gracias a lo anteriormente citado, presenta condiciones climáticas extremosas. Finalmente, su densidad demográfica es de tan sólo 14.4 habitantes por kilómetro cuadrado.


En términos económicos, la combinación de estas condiciones ocasiona un alza en los costos de construcción y conservación de la infraestructura. Sin embargo, las implicaciones son mucho más grandes: existe la necesidad de integrar comunidades y regiones con características y necesidades distintas. Cada una de las necesidades de actividades sociales y económicas debe ser atendida por igual. Además, debemos garantizar que los recursos naturales sean aprovechados de manera eficiente y responsable, y ante todo, prever el bienestar de los futuros habitantes del estado.


Actualmente, la realidad de las y los chihuahuenses hace evidente que la falta de planeación y orden es un problema de fondo que afecta las redes de comunicación, la integración de las comunidades, la conservación del medio ambiente y el impulso del desarrollo. El Estado debe hacer frente a varios retos adicionales, además de lograr una mayor cobertura de servicios que amplíe sus alcances cuantitativos. Son necesarios el rediseño y la adecuación de la infraestructura existente, así como una planeación organizada dispuesta a orientar los nuevos proyectos hacia un objetivo común: el diseño para el futuro.

La Red de Caminos y Carreteras comprende 14 mil 756 kilómetros de pasajes de terracería, mil 308 kilómetros de carreteras vecinales municipales y 6 mil 526 kilómetros de carreteras pavimentadas federales y estatales . No obstante, la realidad ha evidenciado que estos tramos son insuficientes para lograr la integración regional y la conectividad terrestre. Las deficiencias en caminos de terracería mantienen incomunicadas a comunidades enteras, sobre todo en época de lluvias.

La carencia de mantenimiento preventivo y la determinante reducción en la asignación de recursos han traído como consecuencia el deterioro de la red de carreteras y caminos de jurisdicción estatal y municipal. El impacto directo ha derivado en inseguridad para los usuarios, daños a los vehículos, así como en el incremento en los tiempos y costos de traslado de personas y servicios y, en algunos casos, la incomunicación temporal.


Para mejorar la movilidad integral es menester solucionar problemas tales como el congestionamiento vehicular, el deterioro de los pavimentos y la afectación al medio ambiente, ocasionado por el tráfico pesado que cruza los centros de población. Los libramientos en carretera son una estrategia importante que complementa la red de vías de comunicación a lo largo del territorio: así, es importante mencionar al libramiento oriente en Ciudad Juárez, los libramientos sur y poniente en la ciudad de Chihuahua, el libramiento sur en Cuauhtémoc, el libramiento sur en Ojinaga y la segunda etapa del libramiento de Camargo.


Debido a la ubicación geográfica y a la vocación económica de Chihuahua, otro foco de atención especial son los 11 Cruces Fronterizos —cinco comerciales y dos de línea exprés—, a través de los cuales día a día transitan personas y mercancía entre los Estados Unidos de América y nuestra entidad. Debemos garantizar el óptimo acceso en dichas vías y generar mecanismos que mantengan la fluidez en tráfico de mercancías y personas sin demoras o inconvenientes.


Los problemas de accesibilidad se agudizan en los municipios de la Sierra Tarahumara, donde existen comunidades muy limitadas en su desarrollo e integración con el resto del estado debido a lo abrupto del terreno, la precariedad de los caminos y los enormes tiempos de traslado. Esta situación desincentiva a las empresas para prestar otros servicios de comunicación, tales como radiocomunicación, televisión, Internet, telefonía fija o móvil, lo que genera un importante rezago sociocultural.


Esta situación afecta a comunidades con mayor índice de marginación social, donde las carencias de infraestructura evitan que otras problemáticas sean atendidas con la rapidez que merecen. Entre estas problemáticas se encuentran la atención a emergencias de salud, de seguridad o condiciones climáticas adversas.


Por lo anterior, determinamos prioritaria la construcción de nuevas aeropistas pavimentadas, así como la modernización y equipamiento de las ya existentes. Es necesario también el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria en los lugares que ya existe, además de priorizar la construcción de aeropuertos regionales. Esto para mejorar el desarrollo de la comunicación en áreas como salud y educación, la conectividad comercial, apoyos en los desastres naturales; además, provoca la detonación del turismo creando e impulsando empleos.


Existen otras problemáticas colaterales de vital importancia. Tal es el caso de la falta de regularización de la propiedad de la franja de terreno del derecho de vía de las carreteras.
Existen casos donde los trámites legales de propiedad a favor del Estado no fueron efectuados a tiempo, impidiendo la administración adecuada de dicho patrimonio.


Con el paso del tiempo, la red de radiotelefonía rural se ha visto afectada por la limitada inversión a este servicio por parte de Gobierno del Estado y las presidencias municipales. Existen 834 localidades de 14 municipios que carecen de sistemas de comunicación, pues los equipos con los que se trabaja han quedado obsoletos. La antigüedad de dichos equipos hace que su reparación sea cada vez más difícil, debido a que han sido utilizados ininterrumpidamente por más de 18 años.

Internet como derecho humano

La web ha dado la posibilidad a miles de personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en sus sociedades. Es por esto que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el acceso a Internet como un derecho humano, “la única y cambiante naturaleza de Internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto”

El acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), así como su uso en diferentes niveles continúa siendo un reto en nuestro estado. La poca accesibilidad impacta múltiples aspectos de la vida, como el crecimiento económico y el desarrollo social, mismos que a su vez limitan el acceso a la información y con ello, el acceso a las oportunidades.


En Chihuahua, el 54.3 por ciento de la población de más de seis años hace uso de computadora y el 60 por ciento hace uso de Internet. Estos datos sitúan al estado por encima de las medias nacionales que equivalen a 51.3 por ciento y 57.4 por ciento, respectivamente .

En Chihuahua, la infraestructura social —hospitales, escuelas, oficinas de gobierno, entre otros— se encuentra concentrada en determinadas zonas de los centros urbanos más poblados del estado. Existen regiones desde las cuales se debe viajar por muchas horas antes de llegar a un hospital o centro de salud. Incluso dentro de la misma mancha urbana de Chihuahua existen sectores en los que llegar a un hospital en transporte público puede tomar más de dos horas y es casi imposible hacerlo de noche.


Además de las carencias de orden físico, son insuficientes los instrumentos normativos actualizados de planeación estatal, regional y subregional, así como de las zonas conurbadas y metropolitanas. Para esto, es imperativa la creación y/o la alianza de instituciones especializadas de planeación que contribuyan a establecer acciones de mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos para consolidar y ampliar la competitividad regional. Estas estrategias deben diseñarse con base en lo estipulado en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y estar siempre avaladas por los estudios técnicos correspondientes. La corrupción y la especulación deben erradicarse de nuestro estado.


En este mismo sentido, existen deficiencias sobre procesos de modernización ya iniciados. Este es el caso de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua. Dicha ley data del 23 de octubre de 2013; sin embargo, aún no existe el reglamento correspondiente para comenzar a normarla. Asimismo, el 18 de junio de 2014 se aprobó la Ley de Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Chihuahua con una vigencia de tres años, misma que no es operativa para el cumplimiento de los registros de los asentamientos irregulares.


En términos de movilidad urbana, únicamente las ciudades de Chihuahua y Juárez cuentan con Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), por lo que los ya nombrados instrumentos siguen siendo indispensables en las ciudades con más de 100 mil habitantes.


La implementación de corredores troncales presenta grandes áreas de oportunidad en cuanto a calidad, capacidad y desempeño. En Ciudad Juárez y Chihuahua se han implementado los primeros corredores troncales: Chihuahua cuenta con el propio de 20.44 kilómetros de longitud, y Juárez suma 21 kilómetros de corredor confinado, más siete kilómetros adicionales en carriles compartidos; en los mismos, se realiza un estimado de 120 mil viajes pasajero a diario. Este ha sido un primer esfuerzo, sin embargo, aún se dificulta la movilidad, conectividad e integración del territorio, disminuyendo la productividad, sustentabilidad y calidad de vida.


Los sistemas de trasporte responden a la dispersión territorial del estado y sus zonas urbanas. Además de haber demostrado su ineficiencia, dichos sistemas van en contra de los estudios y recomendaciones realizados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), despachos especializados como Cal y Mayor y Asociados S.C., Transconsult S.A. de C.V., y organismos como el World Research Institute (WRI).

La moviliad urbana : un reto aún sin resolución

En el estado, los sistemas de transporte público han originado un mayor número de trasbordos, así como el incremento tanto en tiempos de traslado y en el gasto familiar de movilidad. Según el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Chihuahua un promedio de 20 y 30 por ciento de los gastos del hogar es destinado a movilidad.

Esta situación demuestra la necesidad de retomar el Plan de Movilidad Urbana y Sustentable desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Ecología (SDUE) y diversas dependencias en Chihuahua y Ciudad Juárez. Tal posibilidad permitiría implementar medidas de integralidad y planeación en materia de transporte local y foráneo en el resto de las entidades urbanas del estado, centradas en la promoción del transporte colectivo, el transporte no motorizado, además de facilitar e incentivar los traslados peatonales. Un impacto más del mismo tendría lugar en el ordenamiento del trasporte foráneo, que a su vez facilitaría los viajes dentro y fuera del estado.


A pesar de la extensión territorial de Chihuahua, en materia de vivienda no se cuenta con la capacidad de atender el actual rezago de 14 mil 941 solicitudes para espacios de uso habitacional y equipamiento urbano. Esta situación es causada por la insuficiencia de reserva territorial, y representa un tema de fundamental para los sectores de la población de escasos recursos económicos. Ante dicha problemática, las personas han optado por crear asentamientos en áreas no autorizadas ni técnicamente viables para la construcción de vivienda, con lo que se incrementan los desarrollos habitacionales informales en zonas de riesgo.


En Chihuahua, la infraestructura urbana es insuficiente tanto en capacidad como en calidad, aunado a la escasez de proyectos de índole social que beneficien aquellos espacios públicos que cumplan con los requisitos básicos de habitabilidad, accesibilidad y seguridad. Estos espacios, a cargo de las administraciones municipales, son esenciales para fomentar actividades seguras para la ciudadanía.


Una de las causas de estas problemáticas tiene su origen en el catastro y el registro de los derechos de propiedad. Los procesos de modernización en el estado no contemplan planes de largo plazo y, por el contrario, se detienen y se reinician con cada cambio de administración. Esto ha promovido la falta de continuidad en los proyectos: la cartografía digital está desactualizada y desvinculada de la información del padrón catastral alfanumérico, y la separación de Catastro del Registro Público de la Propiedad derivó en la falta de información integral de la propiedad social, privada urbana, privada rústica y federal.


Es imperioso apoyar la planeación del uso del suelo, de manera que sea la base de un ordenamiento territorial eficiente de los mercados inmobiliarios y los servicios relacionados. A su vez, esto asegura un menor impacto ambiental y permite una valuación coherente y aceptable de la propiedad inmobiliaria.


El estado cuenta con cinco cuencas hidrológicas y existen 53 presas de almacenamiento mayores a un hectómetro cúbico. De estas presas, 18 son utilizadas para riego, dos para generación de energía y tres para abastecimiento de agua potable. Han sido identificados 63 acuíferos; 10 de ellos representan el 59.2 por ciento del total de las extracciones subterráneas en el estado, y existe una sobreexplotación en 19 de ellos, con rangos que van desde el 0.06 hasta el 171.67 por ciento .


Por otro lado, los climas predominantes en Chihuahua son seco y semiseco: se sabe que alcanzan un 73 por ciento en el estado. En los lugares con dichas condiciones climáticas, la precipitación no rebasa los 250 milímetros anuales y por tanto, presentan condiciones de sequía cíclicas con daños y pérdidas económicas en la agricultura —principalmente la de temporal y la que depende de fuentes superficiales— y en la ganadería extensiva, debido a la falta de alimento para animales, cobertura vegetal y de vegetación por degradación de suelos y estrés hídrico; todo ello con efectos a largo plazo.


Chihuahua es uno de los estados del país que presenta problemáticas serias en la administración del agua. Esta situación ha marcado la necesidad de modificar la tendencia de sobreexplotación de los acuíferos, incluyendo una modificación de las actividades actuales de uso y administración del agua. Además, se deben documentar los efectos en el ciclo hidrológico de las actividades primarias para atender la regeneración de ecosistemas y áreas de recarga.


Los datos demuestran que el sector agrícola tiene la mayor oportunidad de aumentar la eficiencia y productividad en el uso de agua. El 89 por ciento del agua en Chihuahua es utilizada para riego, y la actividad agrícola produce el 6.2 por ciento del PIB estatal. Se cuenta con una superficie total de riego de 314 mil 87 hectáreas, que comprende una superficie física total de 168 mil 860 hectáreas en ocho distritos de riego, además de las unidades implementadas para el mismo fin. Aquí hay que señalar que el 60 por ciento de los recursos hidráulicos son exportados a Sonora, Sinaloa y Estados Unidos.

En términos de Cobertura de Agua, Alcantarillado y Saneamiento, se cuenta con la siguiente información: el 93.2 por ciento de las viviendas en el estado cuentan con servicio de agua entubada, frente al 91.1 por ciento, que cuenta con drenaje conectado a la red pública . La cobertura de agua potable en población urbana del estado de Chihuahua al 2012 reportó un 98.3 por ciento, mientras que en la población rural alcanzó el 73.6 por ciento . El 97.7 por ciento de las zonas urbanas y el 60.5 por ciento de las zonas rurales cuenta con alcantarillado. Sin embargo, en las zonas con mayor marginación en la Sierra, la cobertura de alcantarillado llega apenas al 22.5 por ciento.

En 2014, el tratamiento de aguas residuales se realizaba mediante 174 sistemas en el estado, para una capacidad total instalada de 10.21 metros cúbicos por segundo, operando al 68.1 por ciento global .


Esta infraestructura es administrada a través de 32 Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, 17 Juntas Rurales de Agua y Saneamiento y cinco sistemas operados por comités ciudadanos, por lo que brindan sus servicios al 84 por ciento de la población total del estado. El 16 por ciento restante es atendido por 30 sistemas de agua potable y alcantarillado, operados por presidencias municipales.


De manera paradójica, en la región de la Sierra Tarahumara —zona que presenta suficiente precipitación fluvial— es necesario mejorar el aprovechamiento del agua de lluvia a través de Cosechas de Agua: sistemas de captación, filtración y almacenamiento instalados en cada vivienda. A su vez, es preciso promover sistemas colectivos de conducción de agua de los manantiales hasta la vivienda donde se cuenta con fuentes de abastecimientos naturales, a fin de que ésta pueda ser utilizada por cada familia. Proyectos de tal alcance preven gran impacto social, al mejorar la calidad de aspectos como la vivienda, el medio ambiente, la economía y la salud de las comunidades, especialmente las indígenas.


Por otra parte, se han localizado municipios donde las precipitaciones pluviales extraordinarias, así como la falta de infraestructura y la ocupación irregular de viviendas en zonas inundables provocan afectaciones cíclicas en las comunidades con base en fenómenos hidrometeorológicos, dañando el patrimonio e integridad física de la población. Entre las entidades que cumplen con estas características se encuentran Delicias, Ciudad Juárez y Chihuahua. En este caso, los gobiernos locales cuentan recursos limitados para realizar este tipo de trabajos; por lo tanto, requieren del apoyo de la federación para resolver problemas como el diseño, construcción y mantenimiento de drenajes pluviales.

Debemos tener en cuenta el impacto que la actividad humana infunde en la calidad del agua. En Chihuahua existen sendos problemas de contaminación puntual y difusa: la primera, consecuencia de las descargas de localidades e industrias que no dan un trato adecuado al agua; la segunda, generada por la actividad agrícola. Dichos efectos no han sido estudiados y/o cuantificados de manera adecuada, aunque se conoce el potencial efecto negativo en la recarga y calidad de aguas superficiales y subterráneas.

La administración del agua no es el único inconveniente ecológico en Chihuahua. El desconocimiento e incumplimiento de la normatividad, el uso no sustentable de la biodiversidad y los ecosistemas, así como la introducción de especies exóticas han traído como consecuencia la disminución de las poblaciones de flora y fauna, la extinción de especies, la desertificación, la fragmentación de los ecosistemas, la afectación a la fauna acuática y terrestre migratoria y el desplazamiento y depredación de especies nativas.

El desarrollo económico ha acarreado grandes costos para nuestra biodiversidad

Factores como el cambio de uso de suelo para la agricultura, la industria, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, las prácticas de manejo no sustentable, la ganadería, el aprovechamiento extractivo, la ausencia de políticas públicas para la conservación del medio ambiente, así como la poca o nula vigilancia en materia de vida silvestre, han sido los principales factores que han reducido la población en vida libre de muchas especies de vida silvestre con distribución histórica en Chihuahua.

Muchas especies se encuentran actualmente en peligro de extinción: tal es el caso del bisonte americano, el berrendo, el oso grizzly, el oso negro, el perrito de la pradera mexicano, el castor, la nutria, el águila real, el lobo mexicano, la cotorra serrana, el carpintero imperial y el jaguar, por nombrar solamente algunos.
Es necesario que el Estado realice funciones de inspección y vigilancia en materia de vida silvestre, así como la urgente implementación una estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.


Hay que resaltar que la existencia de problemas operativos en los sistemas de monitoreo de emisión de partículas, lo que ha derivado en un deficiente flujo de información al respecto. Hoy por hoy, es imperante la elaboración estudios que correlacionen los problemas de salud con el deterioro de la calidad del aire, así como de establecer estrategias para reducir las emisiones de fuentes de área, móviles y fijas.


El cambio climático es un reto ambiental complejo y de interés global, considerado como un factor fundamental para la integración de acciones y políticas de gobierno. El uso de combustibles fósiles en las diferentes actividades humanas es la principal causa del mismo, y sus efectos son de una gran diversidad, todos nocivos para el medio ambiente y el ser humano. Entre los mismos, encontramos el incremento de os niveles de contaminación atmosférica y daños a la salud pública, la baja producción y escasez de alimentos, el aumento de incendios forestales, el empobrecimiento de los grupos más vulnerados, una mayor intensidad en distintos fenómenos meteorológicos que provocan pérdidas humanas y materiales, además del deterioro de la biodiversidad, los recursos naturales y las actividades económicas.


La contaminación del aire deriva principalmente del crecimiento poblacional, industrial y del parque vehicular. De 1980 a 2013, pasamos de contar con un parque de 271 mil vehículos a 1.3 millones, con una tasa de motorización de 366 vehículos por cada mil habitantes.

 

La basura es un problema

Una gran cantidad de localidades en el estado no cuentan con sitios de disposición final para la basura que cumplan la normatividad vigente (NOM-083-SEMARNAT-2003). En su defecto, tienen tiraderos a cielo abierto, lo que genera grandes problemas de contaminación ambiental por la dispersión y la quema de basura, la generación de fauna nociva, y la lixiviación de contaminantes al subsuelo y mantos freáticos. Al término de 2016, solamente 22 ciudades del estado contaban con rellenos sanitarios apegados a la norma.

El Estado requiere coordinar esfuerzos para llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que prevengan y eviten que dichas afectaciones sean cada vez más severas.


El Estado debe atender las necesidades de los ciudadanos, sin ignorar las características del territorio ni perder de vista las realidades sociales y económicas de la entidad. A partir de dicho enfoque, la infraestructura instalada en el estado debe considerarse como una herramienta que garantice las condiciones óptimas de integración geográfica, inclusión social y desarrollo sustentable para las próximas generaciones.

 





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