Diagnóstico

La Seguridad Pública es un tema central y prioritario de las agendas gubernamentales de los tres niveles de gobierno y de la sociedad, no hace falta mencionar su colosal importancia para el desarrollo integral de cualquier comunidad. Su garantía impacta en el mantenimiento de condiciones de estabilidad social, paz y tranquilidad; la carencia o deficiencia de las mismas conlleva graves afectaciones sociales.

Existe la necesidad de cambiar el paradigma en materia de seguridad: ésta ya no tiene que ver con el uso de la fuerza, sino que debe estar orientada a la reducción de riesgos y la prevención. Debemos anteponer la seguridad y el bienestar económico y social como temas relevantes para nuestra entidad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sugiere un concepto de seguridad que trasciende los intereses del Estado y se centra en las necesidades de la persona.

La procuración de la Seguridad Humana responde a la protección de la dignidad humana, y se concentra en la conquista de dos libertades: vivir sin temor y vivir sin miseria. Sólo la victoria en ambos frentes puede asegurar al mundo una paz duradera.


La seguridad humana como estrategia frente a la violencia

Existe una relación primordial entre seguridad, desarrollo y respeto a los derechos humanos. Ninguno de los tres elementos existe sin los otros. Se dice que ya no basta el poderío militar para salvaguardar la seguridad nacional: es necesaria la unión de sistemas políticos, sociales, ambientales, económicos, militares y culturales sólidos, que juntos disminuyan las probabilidades de conflictos, ayuden a superar los obstáculos que se oponen al desarrollo y promuevan las libertades humanas para todos.

A partir del enfoque de la Seguridad Humana, se ha detectado que las deficiencias estructurales de procuración de justicia han originado un ambiente de impunidad en Chihuahua. Esto significa que existe la posibilidad de delinquir sin ser castigado, lo cual evidencia una serie de fallas en el sistema de justicia, al tiempo que propicia las condiciones para el alza de las tasas de criminalidad.

De manera concreta, entre octubre del 2010 y noviembre del 2016 sólo se emitió sentencia en el 3.5 por ciento de las 378 mil 120 carpetas de investigación iniciadas por comisión de delitos. Además, el 79.58 por ciento de las carpetas de investigación no han sido resueltas, dado que se encuentran en investigación o en el archivo temporal.

La impunidad es consecuencia de diferentes carencias no resueltas en el sistema de justicia de Chihuahua, entre las que destacan el déficit de personal, infraestructura y equipamiento, así como la implementación de esquemas de seguridad desvinculados de la participación ciudadana.

Chihuahua tiene un déficit de 100 policías por cada 100 mil habitantes73, lo que significa un déficit total en la entidad de 3 mil 709 policías preventivos. Se recomienda contar con tres policías por cada mil habitantes o 300 policías por cada 100 mil habitantes. Este es uno de los mayores impedimentos a la atención de los delitos con eficiencia y eficacia.


Más inteligencia, recursos e infraestructura para el combate a la inseguridad
  • En 4 de los 67 Municipios de la entidad no se cuenta con policías preventivos.
  • El estado de Chihuahua se encuentra entre las entidades federativas con el promedio más bajo de policías por cada 100 mil habitantes, junto con Durango, Sonora, Zacatecas y Coahuila.
  • Existe una fuerte deficiencia de infraestructura y equipamiento de las policías preventivas municipales. El 90 por ciento de las corporaciones cuentan con instalaciones inadecuadas, parque vehicular deficiente, obsoleto o inapropiado para las características geográficas de la zona.
  • Hay carencias importantes de chalecos, uniformes, armas cortas y largas, municiones, entre otros.

La falta de cobertura en todo el territorio estatal por parte de agencias del Ministerio Público, comandancias de policía de investigación y policía preventiva, es otra de las principales causas de que las personas se sientan excluidas y sin acceso a la justicia. Existen 17 municipios que no tienen presencia del Ministerio Público, sobre todo en localidades de las zonas Sur y Occidente del estado. Por otro lado, el número de Ministerios Públicos resulta insuficiente frente al número de carpetas de investigación iniciadas en la entidad: al cierre de 2015, se contaba con una plantilla de 880 Ministerios Públicos, mismos que en promedio atendían 429 carpetas de investigación cada uno.

Uno de los factores para que exista poca efectividad en la resolución de las investigaciones iniciadas es la falta de infraestructura, personal y suministros suficientes para los servicios periciales. La atención integral a las víctimas y ofendidos del delito, especialmente a aquellos que han sido víctimas de delitos violentos o que pertenecen a grupos vulnerados, deben convertirse en el centro del proceso penal.

Asimismo, existe una falta de homologación en cuanto a normatividad referente a la formación básica, procedimientos de operación y bandos de policía, además de una disparidad en cuanto a los salarios que son devengados por los policías preventivos en las diferentes regiones en el estado.

Finalmente, se identificó que los esquemas de Participación Ciudadana utilizados por las corporaciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal están desvinculados de los temas trascendentales y que son precursores o detonadores de la violencia: pobreza, falta de oportunidades educativas, falta de empleos formales, adicciones, entre otros.

Involucrar a los ciudadanos en el rescate de Chihuahua

El marco normativo y la estructura de las instituciones de seguridad pública en el estado no fomentan a cabalidad la participación ciudadana. Este vacío se presenta en el diseño e implementación de políticas públicas para prevenir y combatir los delitos, así como el seguimiento y evaluación de la actuación de las corporaciones.

Debemos contar con una participación ciudadana proactiva, que brinde un voto de confianza a las instituciones. Hasta años anteriores, la participación ciudadana de la sociedad chihuahuense para prevenir, combatir, investigar y perseguir el delito y las conductas antisociales era escasa. Esta situación derivaba de la escasez de mecanismos confiables y efectivos implementados por parte del Estado en su conjunto.

Actualmente, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública establece únicamente la participación de seis miembros de la sociedad civil, una cifra insuficiente para dar cabida a los principales sectores de la sociedad civil organizada. Esto es articulado a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quien es responsable de la coordinación, planeación e implementación del Sistema Nacional en el ámbito local, así como de dar seguimiento a los acuerdos, políticas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional.

Los resultados de estas deficiencias se han reflejado durante los últimos años en un incremento significativo del índice delictivo. Actualmente, Chihuahua se encuentra entre las primeras cinco entidades federativas en el país con más homicidios dolosos cometidos, con una tasa de 32.88 carpetas de investigación iniciadas por cada 100 mil habitantes; a nivel nacional, la tasa promedio se sitúa en 17. En 2016 la tasa nacional de delitos cometidos fue de mil 311 delitos por cada 100 mil habitantes, Chihuahua registró mil 546 delitos por cada 100 mil habitantes.

Esta situación afecta significativamente a la familia, el núcleo social más importante de la sociedad, y en especial, al segmento más vulnerado: niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

De igual manera, se identificó una carencia importante referente a la Cultura y Educación Vial, derivada del desconocimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito por parte de las y los conductores y peatones, lo que ha ocasionado un alto índice de accidentes viales. En los municipios de Ahumada, Chihuahua y Ojinaga se registraron 29 mil 154 accidentes viales en 2015 y 2016, donde estuvieron involucradas 7 mil 796 personas lesionadas y 135 personas fallecidas.

Tan sólo en 2016 fueron detenidas 9 mil 329 personas por conducir en estado de ebriedad y se emitieron 361 mil 692 infracciones por diferentes faltas a la Ley de Tránsito y Vialidad. En 2015, las detenciones por estado de ebriedad fueron 9 mil 45 y se emitieron 394 mil 785 infracciones.

 

No son grupos vulnerables, sino grupos vulnerados

Desafortunadamente, existen zonas del estado y sectores sociales en los que las consecuencias de las deficiencias estructurales, el delito y la impunidad son aún mayores: se trata de los grupos indígenas o de cultura diversa, y las zonas rurales.

En el primer caso, los grupos indígenas o de cultura diversa resultan propensos a ser vulnerados, a razón de que su lengua materna diferente al español, así como los usos y costumbres propios de su cultura, que deben ser respetados. A esto se debe sumar la escasa presencia y la deteriorada infraestructura de comandancias y agencias del Ministerio Público, situaciones que contribuyen a la mala calidad en el servicio de Seguridad y Procuración de Justicia.

Por otro lado, no existen esquemas de operación policial efectivos y eficientes que atiendan de manera cabal la prevención y el combate a los delitos en zonas rurales. Dichas áreas —ubicadas especialmente en las zonas Occidente y Sur del estado— abarcan 37 de los 67 municipios de la entidad. Estas regiones representan una mayor dificultad debido a las condiciones territoriales, lo que genera la ausencia de autoridad por la escasez de instalaciones adecuadas para la formación y profesionalización policial.

Uno de los principales efectos de la incidencia en delitos de alto impacto social es el miedo generalizado de la sociedad chihuahuense.


Inseguridad y corrupción: ¿cuestión de percepción?

El 47.1 por ciento de los ciudadanos perciben la inseguridad y violencia como la principal problemática que aqueja a la entidad.

En cuanto a los niveles de confianza y percepción del desempeño que tiene la ciudadanía, tanto las corporaciones preventivas municipales, así como las policías de Tránsito, Estatal y Ministerial representan las entidades a las que la ciudadanía reporta menor confianza y en la que percibe un mayor índice de corrupción, según datos de la encuesta anteriormente citada.

Sin embargo, las consecuencias más fuertes no se limitan a la perspectiva o la subjetividad. Las fallas en la procuración de justicia se traducen en afectaciones directas a la seguridad ciudadana y perpetúan el ambiente de impunidad.

 

Denunciar más nos compromete a combatir mejor

Únicamente el 13.1 por ciento de los delitos que se cometen son denunciados. Esto significa que el 86.9 por ciento de los delitos cometidos son cifra negra –es decir, no son denunciados– gracias a la falta de resultados institucionales o a que el ciudadano considera la denuncia como una pérdida de tiempo, entre otras razones.

Los derechos humanos son un tema que requiere atención integral, pronta y efectiva. Por ello, este Gobierno se ha comprometido a incluirlos como un eje transversal y prioritario de la administración.

En el año 2016 se recibieron 449 quejas y se lograron 176 conciliaciones ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, se obtuvieron 40 recomendaciones de la misma instancia, de las cuales dos fueron rechazadas; por otra parte, la CNDH recibió 11 recomendaciones. En la actualidad se encuentran vigentes 31 casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de los cuales 28 corresponden a la Comisión Interamericana y tres a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

A partir de la creación de la Fiscalía General del Estado en octubre de 2010, se realizó una serie de reformas y adecuaciones normativas para sustituir la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas por la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito. En ese momento se omitió todo lo relacionado a este tema.

Posteriormente, se realizó una reforma al Reglamento Interno, lo que otorgó ciertas facultades en materia de derechos humanos a través de la Unidad de Derechos Humanos y Litigio Internacional. No obstante, la misma resultó insuficiente en cuanto a alcances institucionales, cobertura, atención y los recursos que le fueron otorgados para operar y atender de manera cabal lo relacionado con el tema.

Actualmente, la defensa de los derechos humanos representa un reto de raíz: incluso quienes participan activamente en dicha tarea corren un riesgo importante.

Esta situación se convirtió en una práctica común, tolerada y fomentada por la propia autoridad; en primera instancia, esto atentaba contra la integridad y la seguridad de las personas, su libertad de expresión y desde luego, sus derechos humanos.

El riesgo de defender los derechos humanos

En el período comprendido de enero de 2010 a diciembre de 2016 se contabilizaron 108 defensores de derechos humanos y periodistas víctimas de delitos. En el mismo lapso, fueron 10 las víctimas con algún tipo de relación ocupacional con organismos de derechos humanos.

En consecuencia, la implementación del Protocolo de Protección e Investigación de Delitos Cometidos en Contra de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas es prioridad en esta agenda. Su objetivo es respaldar y garantizar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión. El Estado tiene la obligación de investigar los agravios a defensores de los derechos humanos, pues la adecuada investigación de agravios y la sanción a los responsables materiales e intelectuales tiene un marcado efecto disuasivo de futuras agresiones.
Es indudable que se requiere el fortalecimiento de los instrumentos institucionales dentro de la Fiscalía General del Estado para atender de manera integral el tema de los derechos humanos. Lo anterior se logrará a través de la creación de un ente que concentre información, atienda e interactúe de manera eficaz y eficiente con instancias locales, nacionales e internacionales. Además, deberá proveer atención oportuna a las quejas y recomendaciones en materia.

 

Delitos contra las mujeres por razones de género

Respecto a la atención y combate a delitos contra mujeres víctimas de la violencia por razones de género, en 2012 fue creada la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género. Este organismo se encarga de investigar y perseguir de manera directa los delitos realizados por cuestiones de género. El 22 por ciento de las mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, sufrieron al menos un incidente de violencia por parte de su pareja.

Los tipos de violencia más frecuentes en contra de las mujeres chihuahuenses son —en orden descendente—: la violencia emocional, presente en el 86 por ciento de los casos; la violencia económica, que registra un 44 por ciento; la violencia física, con el 19 por ciento de los casos; y la sexual, que presenta un 10 por ciento, según datos aportados por la misma encuesta.

Aunado al esfuerzo de la creación de la Fiscalía se instalaron dos Centros de Justicia para las Mujeres en las ciudades de Chihuahua y Juárez. Sin embargo, tanto en el caso de los Centros de Justicia como de la Fiscalía Especializada, resulta indispensable fortalecerlos con recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos, así como ampliar su cobertura de atención a otras regiones del estado. Esto posibilitará la atención de la creciente demanda de sus servicios. Para ello, se requiere contar con personal apto y profesional, capaz de unificar criterios y aplicar protocolos con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.

El personal de dichas instancias debe operar bajo un modelo de atención interdisciplinario, secuencial e interinstitucional que proporcione ayuda integral, concreta e inmediata, con el propósito fundamental de lograr que las mujeres en situación de violencia y sus menores ejerzan sus derechos. Estos incluyen el acceso al apoyo en servicios de salud, psicológicos, jurídicos, educativos y sociales. A partir de la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito, se han iniciado poco más de 60 mil carpetas de investigación en delitos por razones de género, y se han atendido a 70 mil víctimas.

En materia de reinserción social, encontramos factores preocupantes de sobrepoblación, falta de infraestructura y personal operativo penitenciario. En la actualidad, se cuenta únicamente con el 2.15 por ciento de capacidad vacante en los Centros de Reinserción Social instalados en el Estado; cuatro de ellos presentan problemas de sobrepoblación. Por otro lado, el personal operativo es carente: según la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se debe tener una cobertura de 10 internos por custodio –por turno–. No obstante, en la entidad se cuenta en promedio con un custodio por cada 29 internos.

El modelo actual de reinserción social es poco efectivo y carente de justicia restaurativa. La discriminación social y la falta de oportunidades laborales son dos de las principales causas de la reincidencia de las personas que ya han pagado su deuda con la sociedad al cumplir una condena. Para el año 2016, se tenían registradas en la entidad 3 mil 561 personas reincidentes en la comisión de algún tipo de delito, y que en su momento fueron recluidos en los Centros Penitenciarios del Estado, según datos proporcionados por la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado. Otra problemática se centra en la falta de opciones y actividades que repercutan en favor de las personas adolescentes y adultas que se encuentran internas en un Centro de Reinserción Social.

La inseguridad, la violencia, la delincuencia y la impunidad han llegado en los últimos años a situaciones sin precedente en la historia de nuestro país; el estado de Chihuahua no es la excepción. No resulta casual el incremento de los índices de delincuencia a nivel nacional y propiamente en el estado. Para evitar esto, debemos asegurar la procuración de la justicia, con el afán de recuperar la estabilidad social para beneficio de las familias chihuahuenses, y prestando especial atención a los sectores más vulnerados de la sociedad.

 



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