Por atentar contra el federalismo piden derogar Ley de Coordinación Fiscal

El exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel señaló que por experiencia, hay que buscar un nuevo mecanismo que dé una solución federalista en el reparto de los recursos.
Viernes 06 Abril 2018
Durante su intervención en el III Encuentro Chihuahua: Por el Nuevo Federalismo Tributario, el exgobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel, señaló que la Ley de Coordinación Fiscal aprobada en el año de 1979 debería derogarse, debido a que ha atentado gradualmente contra el federalismo.
 
El problema del federalismo fiscal en México, dijo, se debe a situaciones de tipo estructural y no se podrá corregir por muchas fórmulas, reglas de operación o fideicomisos que se crearan.

En los distintos cargos que ha ocupado, como mandatario estatal, secretario general de gobierno en su estado, en el gobierno del Distrito Federal y  como senador de la República, dijo haber observado una evolución negativa de las leyes, que poco a poco se convirtieron en una especie de control sobre los estados del país.
 
Ejemplificó señalando que, en 1985 a cinco años de aprobada una nueva Ley de Coordinación Fiscal y cuando fungió como secretario de gobierno en Michoacán, el presupuesto estatal anual se integraba en un 80 por ciento de participaciones federales y el 20 restante era de ingresos propios; para el 2002, cuando ocupó de nuevo el cargo, encontró que el 95 por ciento del presupuesto estatal procedía de participaciones federales y solo un 5 por ciento de ingresos propios.
 
Pero en ese inter previo a su regreso a Michoacán, en la Secretaría de Gobierno del entonces Distrito Federal, el porcentaje era otro, porque entonces la capital del país no era entidad federativa, por lo que su presupuesto se integraba de un 44 por ciento de participaciones federales y un 56 de ingresos propios; es decir, tenía una mayor libertad y la relación con los funcionarios federales era diferente.
 
Por eso, consideró, que en este momento debería derogarse la Ley de Coordinación Fiscal y buscar un nuevo mecanismo que dé una solución federalista en el reparto de recursos.
 
En su turno, Tamon Takahashi, especialista en finanzas públicas, políticas públicas, gasto y presupuesto, así como en transparencia, rendición de cuentas y funciones de gobierno, coincidió en que es necesario un cambio en la legislación, en particular en el Ramo 23 que se refiere al renglón del Saneamiento Financiero, cuyo gasto se ejerce en cosas o situaciones donde no hay definidas reglas de operación, es decir, que tiene un uso no normado.
 
“Hemos visto que este comportamiento de los fondos de Saneamiento Financiero, responde más a consideraciones de tipo político y a una cosa que no se ha mencionado, que es el déficit estructural que tienen los estados en su balance presupuestario de recursos disponibles”, destacó Takahashi.
 
Virginia Ríos Hernández, miembro de la Comisión de Representantes ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, subrayó que la Reforma Fiscal, aunque contribuyó a aumentar los ingresos de forma sustancial a lo presupuestado, no ha logrado bienestar social y que se facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
 
Tampoco logró aumentar realmente la inversión en el país, pues no ha dado la seguridad jurídica para que empresarios puedan generar más empleos, por el contrario, las trabas han provocado que las grandes inversiones se vayan a Estados Unidos, gracias a que ha ofrecido más facilidades, expresó Ríos.