Absurdo determinar que se trata de un ámbito federal, solo porque los convenios se firmaron en la Ciudad de México.
Sábado 07 Abril 2018
Con resoluciones apresuradas y sin fundamento se ha dado una situación de prevalencia para trasladar a una jurisdicción federal lo que evidentemente es un asunto que corresponde a las instancias locales, afirmó el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, acerca de la decisión del Décimo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, en torno al caso Alejandro G.
La preocupación del Gobierno del Estado es que los afanes de la defensa del señor Alejandro G. y de otras personas que están procesadas bajo el mismo esquema del combate a la corrupción y el rompimiento del pacto de impunidad en Chihuahua, encuentren condiciones para no dar cuenta ante la justicia de sus actos, añadió.
Mencionó que instancias de la justicia federal han planteado una serie de argumentos que fundamentalmente van enfocados a hacer interpretaciones para imponer criterios a los jueces del fuero común, lo cual no corresponde al texto de la ley, mencionó.
Por lo que hace al Gobierno del Estado, habrá de buscar los mecanismos en el ámbito de lo administrativo, para exhibir esta realidad, añadió.
Señaló además que el argumento para determinar que los recursos presuntamente malversados provenían de la Federación y, por tanto, deben ser juzgados en ese mismo ámbito, es un criterio absurdo, ya que sólo se basa en el hecho de que los convenios entre los gobiernos estatal y federal para la entrega de dichos fondos, se firmaron en la ciudad de México.
“Es absurdo determinar que el caso corresponde a la justicia federal sólo porque los convenios se suscribieron en la ciudad de México”.
En dado caso, el inculpado enfrenta otro proceso penal derivado de una acción registrada en Chihuahua.
En ese sentido, dijo que es imposible que la justicia federal establezca la acumulación de ese juicio, “porque no hay que olvidar que está procesado por dos causas distintas, sin embargo, sabemos que hoy se intenta la conexidad de causas que a través de figuras como la acumulación se pudiera dar”.
Lo preocupante, concluyó, es que juzgadores federales se puedan sumar a este argumento en aras de lograr un beneficio para la defensa, que busca fundamentalmente situaciones de privilegio para que se dé la impunidad en este y en otros casos.
La preocupación del Gobierno del Estado es que los afanes de la defensa del señor Alejandro G. y de otras personas que están procesadas bajo el mismo esquema del combate a la corrupción y el rompimiento del pacto de impunidad en Chihuahua, encuentren condiciones para no dar cuenta ante la justicia de sus actos, añadió.
Mencionó que instancias de la justicia federal han planteado una serie de argumentos que fundamentalmente van enfocados a hacer interpretaciones para imponer criterios a los jueces del fuero común, lo cual no corresponde al texto de la ley, mencionó.
Por lo que hace al Gobierno del Estado, habrá de buscar los mecanismos en el ámbito de lo administrativo, para exhibir esta realidad, añadió.
Señaló además que el argumento para determinar que los recursos presuntamente malversados provenían de la Federación y, por tanto, deben ser juzgados en ese mismo ámbito, es un criterio absurdo, ya que sólo se basa en el hecho de que los convenios entre los gobiernos estatal y federal para la entrega de dichos fondos, se firmaron en la ciudad de México.
“Es absurdo determinar que el caso corresponde a la justicia federal sólo porque los convenios se suscribieron en la ciudad de México”.
En dado caso, el inculpado enfrenta otro proceso penal derivado de una acción registrada en Chihuahua.
En ese sentido, dijo que es imposible que la justicia federal establezca la acumulación de ese juicio, “porque no hay que olvidar que está procesado por dos causas distintas, sin embargo, sabemos que hoy se intenta la conexidad de causas que a través de figuras como la acumulación se pudiera dar”.
Lo preocupante, concluyó, es que juzgadores federales se puedan sumar a este argumento en aras de lograr un beneficio para la defensa, que busca fundamentalmente situaciones de privilegio para que se dé la impunidad en este y en otros casos.