El hito marcado en la política demográfica de los años setentas y ochentas del siglo pasado para evitar el crecimiento demográfico, ha sido superado, considerando los cambios en la estructura y composición poblacional del país a lo largo de los últimos cuarenta años. Hoy se precisa de una perspectiva de derechos que, además de sustentar libertades, fomente las responsabilidades correlativas y oriente sensiblemente a la población en materia de salud sexual y reproductiva, de manera que la planificación familiar no deba limitarse a la prevención del embarazo, sino, como su nombre lo indica, a planear la familia, calendarizar la descendencia y contribuir así a la racionalización del crecimiento poblacional, a partir de las capacidades para el desarrollo integral de las personas desde el propio seno familiar.
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