El secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, formó parte del foro “Retos de la Administración Pública”, un espacio de diálogo y análisis organizado por el Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua.
Durante su intervención, el secretario enfatizó: “La administración pública debe evolucionar, no solo en sus procesos, sino en su visión”. Señaló que, desde la Secretaría de la Función Pública (SFP), se impulsa un cambio que prioriza la transformación digital, la profesionalización del servicio público, la ética y la rendición de cuentas.
En el foro también intervinieron autoridades de la Tesorería Municipal, la Secretaría de Hacienda y de la Auditoría Superior del Estado.
Se dialogó sobre los desafíos históricos que enfrenta la administración pública en México, como la centralización del poder, el debilitamiento de los contrapesos y la creciente percepción ciudadana de corrupción.
Fierro Duarte compartió la visión que sostiene la SFP, la cual es construir un gobierno más efectivo y cercano a la ciudadanía, con un enfoque basado en los derechos humanos, la inclusión, la sustentabilidad y el combate frontal a la corrupción.
Uno de los logros expuestos fue la implementación de la Estrategia Estatal Anticorrupción, que incluye 26 líneas de acción y 147 actividades concretas orientadas a auditar, fortalecer el uso de la tecnología y promover una cultura de legalidad en todo el estado.
“El cambio ya está en marcha” afirmó. En 2021 solo se realizaron 6 auditorías, mientras que en 2024 la cifra aumentó en un 123 por ciento. La declaración patrimonial del funcionariado estatal creció del 37 por ciento en 2021 al 93 por ciento en 2025, en un esfuerzo claro por fortalecer la transparencia.
El secretario también comentó que han simplificado trámites y la discrecionalidad para eliminar el burocratismo, al reducir los tiempos de espera y hacer más sencillos los procesos para la ciudadanía chihuahuense.
Puntualizó que esta nueva visión de gobierno ha trabajado en fortalecer la contraloría social, impulsar el gobierno digital, abrir espacios a la participación ciudadana y garantizar que la legalidad y la ética pública sean el centro del actuar gubernamental.